Integrantes del Bloque Urbano Popular (BUP) invadieron el predio de Rubí número 38, en la colonia Valle Escondido, delegación Tlalpan, tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que frenó, de manera definitiva, la construcción de un conjunto habitacional de poco más de 400 departamentos, al confirmar una serie de irregularidades.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, el 4 de septiembre, cuando personal de la delegación Tlalpan y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) –resguardado por granaderos– procedía a colocar los sellos de clausura para cumplir con lo ordenado por los magistrados, los miembros del grupo promotor de vivienda impidieron que concluyeran su labor y se introdujeron al predio.

Entre los empujones que se suscitaron, el representante del BUP, Gabriel Mayorga, pidió a sus agremiados no permitir la colocación de los sellos, con el argumento de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) había fraccionado el predio y contaban con el documento, por lo que no podían bloquear las dos entradas al terreno, refirieron los colonos.

Las autoridades capitalinas sólo sellaron uno de los dos accesos y cuando se retiraron, los integrantes del BUP ingresaron al predio y se instalaron en los departamentos que se encuentran en obra negra. Desde entonces, todos los días llegan familias con colchones, cobijas y todo tipo de enseres.  En el sitio, incluso, se puede observar que han reiniciado las obras de construcción de los edificios, cuyos huecos son tapados con plásticos y lonas.

En diciembre de 2015,  la delegación Tlalpan colocó sellos de suspensión de actividades en el predio por no contar con el programa de protección civil y se mantuvo así hasta mediados de agosto del año en curso después  de que cubrieron con este requisito.

La semana pasada se disponía a reponerlos, ahora en cumplimiento a la resolución del tribunal, que declaró nulo el dictamen de impacto urbano para la construcción de más de 400 departamentos y pidió la reposición del mismo, pero sólo para 144 viviendas.

Los colonos exigieron a las autoridades delegacionales y del Gobierno de la Cudad de México cumplir con dicha resolución y colocar sellos de clausura en todos los accesos de la obra y resguardar el predio sin que haya una ocupación ilegal del mismo.

O miente el líder de la organización o la Seduvi cometió una ilegalidad, porque se resguardó el folio real del predio ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, por lo que no se puede vender, rentar, traspasar o fraccionar, expusieron los vecinos.

Desde hace cinco años la comunidad inició una lucha legal en contra de este conjunto habitacional, que se realiza por conducto del Instituto de Vivienda del gobierno capitalino y al amparo de la norma 26, pero lejos de ser un proyecto de interés social es un negocio millonario de algunos operadores de grupos clientelares promotores de vivienda, que tiene una serie de irregularidades, comentaron.