Chihuahua, Chih., Decenas de mujeres rarámuris protestaron ayer frente al palacio de gobierno del estado para denunciar abusos perpetrados por la asociación civil (AC) Asentamientos Tarahumaras, que las obliga a participar en la compraventa de casas que sus familias habitan en la ciudad de Chihuahua.

Gobernadoras de los asentamientos urbanos Carlos Díaz Infante y Pájaro Azul aseguraron que Eleazar Sánchez, director de Asentamientos Tarahumaras, amenaza a sus familias con sacarlas de sus casas si no pagan las cuotas que les exige, y las presiona para comprar casas construidas con aportaciones de varias empresas en terrenos de asentamientos que fundaron los rarámuris.

Las familias indígenas llegaron a la capital de Chihuahua desplazadas de la Sierra Tarahumara por el crimen organizado, la sequía y la falta de oportunidades. Algunas habitan en el asentamiento Carlos Díaz Infante desde hace más de 15 años, antes de que existiera la asociación civil.

Explicaron que sacerdotes jesuitas consiguieron los terrenos donde hoy se encuentran las casas. Las primeras habitaciones las construyeron los rarámuris con cartón y madera. Años después, empresarios patrocinaron la construcción de viviendas por medio de la asociación civil, y ahora pretenden vendérselas en 75 mil pesos.

Originalmente los sacerdotes dijeron a los indígenas que podrían vivir en Carlos Díaz Infante el tiempo que quisieran, por lo cual se establecieron de forma definitiva y se organizaron según sus usos y costumbres.

Las inconformes aseguraron que Eleazar Sánchez ‘‘no es rarámuri, no entiende nuestras costumbres, saca a las familias de la comunidad y las lleva a vivir con familias mestizas a las afueras de la ciudad, o en otros terrenos’’.

Las gobernadoras indígenas exigieron que se respete su derecho a escoger cómo vivir y organizarse. Aclararon que la solidaridad de los empresarios es bienvenida, pero respetando su dignidad y tradiciones. ‘‘No necesitamos que vengan a faltarnos al respeto y a decirnos lo que queremos o necesitamos’’, dijeron.

La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas confirmó en febrero pasado que dio defensoría jurídica a dos familias porque Asentamientos Tarahumaras obliga a los rarámuris a pagar rentas de 200 y 400 pesos mensuales por habitar una vivienda; además, les pide participar en un esquema de compra con pagos de 600 pesos hasta completar 75 mil, a cambio de viviendas prefabricadas instaladas en terrenos propiedad de la comunidad.