uando hablamos del derecho a la información no nos referimos sólo a la transmisión del dato frío, sino también a la dimensión humana que lo proyecta como creador de obras y cultura. Esta reflexión, tomada de la página de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, es sólo para ir después a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la ley mexicana, que respaldan a quienes todos los días ejercemos el derecho a informar en un estado donde algunos creen que tienen el monopolio de la información.

El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula: ‘‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’’.

Recordar estos principios es importante porque este domingo La Jornada fue excluida del sistema con el cual la Policía Federal (PF) en la entidad se comunica con los reporteros que cubren sus actividades en el estado: un grupo que utiliza la aplicación WhatsApp.

Ayer llegaron a Baja California 130 elementos de la PF que reforzarán la vigilancia en Tijuana (la ciudad más violenta del país), y por un motivo inexplicable, la corporación decidió que la corresponsalía de La Jornada no podía estar entre los medios que dan cuenta de sus actividades.

La Jornada Baja California es al mismo tiempo un portal de noticias y corresponsalía de La Jornada. Podemos tratar de entender que la dirección de Comunicación Social del gobierno del estado se moleste cuando hacemos el recuento de los comunicados que ha emitido para negar que el gobernador sea corrupto (y nos suspenda toda información, por no hablar de publicidad), pero que la PF decida excluirnos de su único canal de comunicación es indignante.

Licenciado Renato Sales Heredia: qué bueno que, más allá de formalidades, la delegación en Baja California encuentre mecanismos para informarnos. Qué malo que alguien quiera convertirse en el censor que decide quiénes acceden a esa información y quiénes no.