La neutralidad gubernamental fue la gran ausente durante los comicios pasados, pues se detectaron múltiples casos en que funcionarios públicos de todos los niveles intervinieron en la contienda, en favor o en contra de algún partido político o candidato, tanto de forma expresa como velada, concluye el informe universitario Claroscuros de las elecciones de 2018.

El amplio reporte, elaborado por la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el proceso estuvo marcado por una larga serie de irregularidades, entre las que enumera uso faccioso de las instituciones, noticias falsas, violencia electoral, compra de voto, intromisión abierta de grupos empresariales y eclesiales y condicionamiento de programas sociales.

El pasado primero de julio los mexicanos fuimos testigos de un proceso electoral histórico, pero no fue gracias a la erradicación de las malas prácticas electorales arraigadas por años en el país. Al contrario, fue la participación ciudadana, mediante el voto informado y masivo, así como la observación y la vigilancia del proceso electoral, lo que iluminó y permitió que la victoria fuera para la democracia, concluye el informe de 172 páginas, coordinado por el analista e investigador universitario John M. Ackerman.

Además, sostiene que, contrario a la acción ciudadana, la cual filmó, documentó y en muchos casos hasta investigó y denunció irregularidades, las autoridades electorales se vieron constantemente rebasadas, tanto por la forma de operación de los actores políticos y las lagunas legislativas, como por la falta de voluntad de algunos de sus titulares para llevar a cabo acciones preventivas, investigar de oficio y sancionar la comisión de delitos.

Indica que los comicios también se caracterizaron por la falta de credibilidad mediática debido a la difusión de noticias falsas que fueron muy comunes, y ante las cuales la autoridad electoral nunca quiso actuar y la sociedad civil realizó esfuerzos importantes para combatirlas mediante iniciativas para verificar la información.

Otro factor que estuvo presente en el proceso fue la violencia, dice el informe, al cual identifica como uno de los puntos de mayor preocupación, ya que de acuerdo con la consultoría privada Etellekt, del 8 de septiembre de 2017 al primero de julio de 2018 a escala nacional se registraron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, es decir, funcionarios designados cuyos cargos de responsabilidad no dependen de procesos electorales.

Estos ataques arrojaron un saldo final de 152 políticos y 371 funcionarios asesinados, un total de 523 homicidios. De los primeros, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección.