La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo a analizar con rigor técnico, de forma multidisciplinaria y con un amplio escrutinio público, los factores en favor y en contra de la descentralización de secretarías de Estado y otros organismos públicos para trasladarlos de Ciudad de México a diversas urbes del país.

Enlistó cuatro inconvenientes de la descentralización: tiempos y costos; selección de inmuebles y su justificación para arrendarlos o comprarlos; desplazamiento de miles de funcionarios públicos y sus familias, y resultados marginales de esa medida.

Dicho proyecto, advirtió, puede resultar uno de los más onerosos de la administración pública. Aunque no implica inversión en infraestructura estratégica, como carreteras, escuelas u hospitales, resultará más trascendente para el país que la controvertida construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Además, parece contradecir los objetivos de austeridad del nuevo gobierno y las medidas para eficientar el gasto público federal. Incluso podría neutralizar los ahorros que se pretenden hacer en el gasto público.

En el proyecto de nación de López Obrador se calcula que la descentralización ascenderá a 125 mil millones de pesos, más 2 mil millones por estudios preliminares, así que la Coparmex destacó que el costo de toda la operación será equivalente al presupuesto aprobado a la Secretaría de Salud este año, sin contar gastos adicionales.

Recordó que después del terremoto de 1985, el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid pretendió descentralizar varias dependencias. Sólo el traslado del Inegi a Aguascalientes ascendió a casi mil millones de pesos (valor histórico) y tomó cerca de cuatro años en concretarse.

Si tomamos este caso como referencia, pareciera improbable que en un periodo sexenal logren cambiar las 31 secretarías y dependencias federales que se ha mencionado en la iniciativa, puntualizó.