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Déficit de $1,682 millones

Exigen a gobiernos federal y estatal rescatar a la Autónoma de Morelos

La institución se quedó sin recursos para pagar la siguiente catorcena

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▲ Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; el rector de la institución, Gustavo Urquiza Beltrán; profesores y personal administrativo marcharon ayer por la avenida Emiliano Zapata, en Cuernavaca, para demandar a las autoridades federales y estatales el rescate de esa casa de estudios.Foto Rubicela Morelos
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 13 de septiembre de 2018, p. 31

Miles de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) –los organizadores calcularon 40 mil–, acompañados por el rector, Gustavo Urquiza Beltrán, y trabajadores académicos y administrativos sindicalizados, marcharon en esta ciudad para exigir al gobernador Graco Ramírez y al presidente Enrique Peña Nieto el rescate financiero de la institución educativa, que enfrenta un déficit de mil 682 millones de pesos.

La manifestación se inició a las nueve de la mañana en el campus Chamilpa y cuatro horas después arribó al zócalo de Cuernavaca, donde se encuentra el palacio de gobierno estatal. Al frente del contingente llevaban una manta con la leyenda ‘‘#Nomáscrisis’’.

Allí los universitarios realizaron un mitin. El orador fue el dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Érick González García; posteriormente una comisión de alumnos se trasladó al Congreso local, donde tenía agendada una cita con diputados de la 54 Legislatura.

Durante la marcha y el mitin los manifestantes demandaron que las autoridades federales y estatales garanticen el derecho a la educación pública y destinen los recursos económicos necesarios a la UAEM y a las otras nueve universidades públicas del país que se encuentran en la misma situación.

El dirigente estudiantil expresó su solidaridad a representantes de los estados de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Zacatecas y Tabasco, cuyas instituciones de educación superior también atraviesan por una crisis financiera y demandan a las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un rescate financiero por 19 mil millones de pesos. Asimismo, apoyó a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México agredidos recientemente por porros.

González García dijo: ‘‘Demandamos al Estado mexicano garantizar nuestro derecho a la educación, el derecho al trabajo y al salario justo a los maestros y (trabajadores) administrativos de nuestras universidades. Rescatar a la universidad pública no es un acto de caridad, sino de conciencia, de respeto por uno de los derechos humanos más básicos e importantes’’, aseguró el dirigente.

Insistió en que la marcha y el mitin sólo buscaban ‘‘la defensa de nuestra universidad’’ porque la UAEM ‘‘arrastra problemas financieros desde hace años. Nos tienen al borde del colapso. Razones que expliquen nuestra difícil situación hay muchas, pero consecuencias sólo una: la amenaza latente de que cierre la institución’’.

Si la universidad de Morelos suspende sus actividades, advirtió, ‘‘se acabaría con el derecho a la educación pública de 43 mil estudiantes y con el derecho al trabajo de los 6 mil empleados académicos y administrativos de la UAEM. Los recursos destinados a la educación son una inversión, no un gasto’’.

Desde la plaza de armas, abarrotada de estudiantes y trabajadores de la UAEM, los manifestantes exigieron a los gobiernos estatal y federal que de inmediato asignen recursos extraordinarios de los ‘‘excedentes petroleros’’ (no los ha habido en este sexenio) para que la UAEM y las otras nueve universidades no se paralicen por falta de recursos.

Asimismo, demandaron que en 2019 la Federación y los gobiernos de los estados entreguen los recursos que necesitan las universidades (60 mil pesos por alumno, en promedio) y no 48 mil pesos que entregan actualmente a la UAEM. Esos fondos no alcanzan para el año completo, pues hace seis años la institución tenía una matrícula de 21 mil estudiantes y ahora rebasa 43 mil.

En entrevista, el rector Gustavo Urquiza Beltrán dijo que con esta marcha esperan que el gobierno de Enrique Peña Nieto, la SEP y la SHCP, además del gobierno de Graco Ramírez, resuelvan su petición de rescate financiero.

El funcionario dijo que los recursos serían para cubrir los gastos de este año, ya que la casa de estudios se quedó sin dinero para pagar la próxima catorcena a sus 6 mil trabajadores, y necesitan 640 millones de pesos para cubrir la nómina hasta diciembre, incluidas las prestaciones de fin de año.

Comentó que desde hace más de 12 años no se ha reconocido la plantilla laboral y varias prestaciones, entre ellas jubilaciones y pensiones de estas 10 universidades que, según Urquiza, cuentan con el apoyo de los diputados federales y los senadores y demandó incluso la intervención del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para solucionar la crisis financiera.

El rector dijo que sus homólogos de las instituciones en crisis siguen en reuniones con funcionarios de la SEP y de la SHCP.

En Morelia, Michoacán, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon desde las salidas a Salamanca y Pátzcuaro al palacio de gobierno del estado, tras desistir de bloquear los dos accesos a Morelia y los de Quiroga y Mil Cumbres.

Los profesores iniciaron el martes un paro de 48 horas y para el miércoles tenían programado bloquear los cuatro accesos a Morelia durante tres horas para demandar al gobierno del estado el pago de adeudos a unos 30 mil empleados académicos y administrativos (más de 500 millones de pesos, entre bonos y prestaciones).

El subsecretario de Seguridad Pública del estado, Carlos Gómez Arrieta, advirtió a los dirigentes de la CNTE que permitiría la manifestación porque es legal, pero no el bloqueo. La corporación desplegó a unos mil policías. Los profesores decidieron realizar dos marchas.

La dirigencia del magisterio informó que las movilizaciones continuarán, pues si bien existe la promesa de cubrir el adeudo el 15 de septiembre, no existen garantías de que las autoridades cumplan.