nte las promesas de campaña y su reiteración por la administración que entrará en diciembre próximo, respecto a la disminución del presupuesto del Poder Judicial de la Federación, es necesario considerar en ello la viabilidad de la reforma laboral.
Con notable retraso en su implementación respecto de lo ordenado en el texto constitucional que contiene las nuevas disposiciones para los procedimientos laborales, esta modificación se traduce en que, en lugar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, será el Poder Judicial quien conocerá de los conflictos laborales, individuales y colectivos. Además, se prevén cambios sustantivos a la Ley Federal del Trabajo. Las opciones para implementar este cambio son muchas: se especula si serán favorables para los patrones o para los trabajadores. Quizá una visión de conjunto podría establecer que, más que cuidar a una de estas partes en conflicto permanente (según la visión maniqueísta de que el capitalista explota al pueblo), habría que plantear un enfoque social donde se privilegie esa nueva visión de estado que se propone para el próximo sexenio.
En todo caso, si la bandera inicial de la reforma procesal laboral era el ataque a la corrupción, como si cada uno de los trabajadores de las Juntas debiera ser erradicado por ser personalmente responsable del retraso en el trámite y el sentido erróneo de las resoluciones laborales, ante la insistencia en el discurso presidencial del combate al cohecho y la rapiña presupuestaria como parte de la estrategia del nuevo gobierno, debe completarse irremediablemente esa reforma laboral.
El esquema mínimo es que, por cada Junta de Conciliación y Arbitraje, se inicie un Juzgado en procesos laborales, tanto local como federal. Además de la resolución de los conflictos colectivos, que debe tener varias oficinas adicionales para el registro de contratos, trámites de huelgas, etc. Sólo en materia federal son más de 60 Juntas, que deberían dar paso a 60 Juzgados de Distrito.
El mensaje que se advierte respecto de la reforma laboral, considerando la reducción del presupuesto para el Poder Judicial Federal (el cual, por cierto, se comprometió a un ahorro por 5 mil millones de pesos) es que no se implementará. La apertura y funcionamiento de un juzgado federal conlleva millones de pesos en infraestructura y sueldos. Ni mencionemos la reforma mercantil con la creación de juzgados orales. Y, en consecuencia, el planteamiento de juicios orales en materia de arrendamiento inmobiliario quedará atrás. Los perjudicados serán todos aquellos ciudadanos con un juicio en trámite o próximo.
Si el derecho humano del debido proceso establece la garantía mínima procesal de que el órgano jurisdiccional que inició el juicio debe ser el mismo que lo termine, puede establecerse que por varios años coexistirán las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje (para concluir los juicios en trámite) con los nuevos Juzgados laborales; so pena de que por la vía del Amparo se obligue a esas Juntas a retomar los juicios que fueran enviados a los Juzgados.
El mensaje presupuestario debe ser emitido con vistas a resolver las evidentes dificultades procesales para resolver los miles de juicios en trámite que se verán afectados por los anunciados recortes. La preocupación debe centrarse en las partes involucradas, no en los supuestos privilegios del único Poder Estatal que trabaja los 365 días del año, con guardias sucesivas de 24 horas, y con ingresos y egresos (de juicios) sin paralelo en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La forma es fondo, decían. Hoy, el presupuesto es forma y fondo.
Sugerencias y colaboraciones: agendajudicial@jornada.com.mx
