urante los meses pasados se ha desarrollado una vertiginosa crisis financiera, social y política en Argentina, que está afectando gravemente al sector salud.
Esta crisis tiene su origen en las medidas de reconversión neoliberal de la sociedad argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri. Se agudizó con la especulación contra el peso argentino que el gobierno está tratando de contrarestar recurriendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un préstamo puente a fin de evitar un nuevo default y frenar la inflación acelerada, intento que muchos consideran fracasado de entrada.
Como de costumbre, el préstamo puente está condicionado a la aplicación de múltiples medidas de ajuste. Una de ellas toca de forma directa a la salud, particularmente a las instituciones públicas. En días pasados el gobierno de Macri desapareció al Ministerio de Salud y lo subordinó al Ministerio de Desarrollo Social, además lo convirtió en la Secretaría de Salud, que en el vocabulario argentino corresponde a un subsecretaría mexicana. En la lógica de los ajustes neoliberales se justificaría porque la salud es vista como un componente del combate a la pobreza y el Estado sólo debe hacerse cargo de algunas medidas focalizadas en los pobres, mientras el resto de la atención a la salud debería financiarse por seguros, sean éstos de las Obras Sociales (seguro social laboral) o privados prepaga
.
La medida ha provocado indignación y un amplio rechazo por parte de los ministerios de salud provinciales (correspondientes a los estatales en México) y de los trabajadores de la salud. Es de recordar que Argentina fue pionero al establecer un ministerio de salud en 1949 con la perspectiva de garantizar esa prestación como un derecho social fundamental de todos los argentinos. Con esta visión el ministerio se hacía cargo tanto de las acciones de salud pública como de la atención médica. Es significativo que el Ministerio de Salud sólo se ha suprimido durante las dictaduras.
El sistema argentino es, al igual que el mexicano, segmentado y descentralizado. La gran diferencia es que la seguridad social laboral está en manos de las Obras Sociales de los sindicatos y no hay institutos públicos de seguridad social. El sistema público es, como en México, descentralizado a las provincias (estados), pero el ministerio nacional tiene la rectoría sobre todo del Sistema Nacional de Salud, o sea regula, coordina y articula los sistemas provinciales, las Obras Sociales y el sector privado. Tiene un papel central respecto de las acciones de salud pública y ha tomado medidas importantes para asegurar la atención de 50 por ciento de la población que no pertenece a una Obra Social o no cuenta con un seguro de prepaga
. Esta parte de la población va, además, en rápido aumento debido al cierre de empresas y despidos masivos en el sector público. Es de destacar que en el gobierno de Cristina Fernández se hicieron cambios muy importantes a la Ley de Salud Mental y se dio un impulso importante a la producción nacional y pública de medicamentos.
La eliminación del Ministerio de Salud fue antecedido por la promoción de una política de cobertura universal de salud
muy semejante al Seguro Popular mexicano. Esta política pretendía reducir la prestación pública de servicios y disminuir los derechos de la población sin otro tipo de seguro. En este contexto es importante recordar que algunas de las Obras Sociales más importantes desde hace tiempo contratan servicios médicos privados para sus afiliados, situación que involucra altas ganancias y no poca corrupción.
Con la desaparición del Ministerio de Salud el proceso de privatización con alta probabilidad se acelerará y será menos regulado y supervisado. Simultáneamente un número creciente de argentinos no accederá a los servicios necesarios. Los expertos de salud pública están advirtiendo que es probable que el debilitamiento de las acciones de salud pública propulsará epidemias difíciles de controlar y repercutirá en el empeoramiento de las condiciones de salud de la población.
En estas circunstancias la crisis argentina adquiere su expresión social y con certeza política.
