Familiares de personas desaparecidas expresaron a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) sus dudas e inquietudes sobre el Protocolo Homologado de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares.

En el encuentro estuvieron presentes la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y Abel Galván Gallardo, fiscal especializado en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada.

Se les informó que los días 25 y 26 de junio se convocó a familiares de víctimas, representantes de organizaciones y expertos a participar en mesas de trabajo con el propósito de exponer sus dudas e inquietudes, así como de generar ideas para la mejora del proyecto.

En tanto, el 11 de julio se recibieron observaciones al protocolo formuladas por el consejo ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de algunas fiscalías y procuradurías de diversos estados, que fueron consideradas en el informe.

“Se llevaron a cabo ejercicios y observaciones que se hicieron con las fiscalías y procuradurías locales, que culminaron en la votación por parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), donde aprobaron el protocolo de investigación.

Después de la publicación viene el mecanismo de verificación constante en áreas de oportunidad de realizar todas las anotaciones para que en su momento la CNPJ tenga que ver con las adecuaciones y cuestiones que se tengan que agregar al protocolo, detalló Galván Gallardo.

La PGR agregó que al informe de avances del protocolo acudieron representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional.

Se prevé que a principios del próximo año la PGR cuente con un banco nacional de datos forenses que incorpore toda la información genética de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas para cotejarlas con muestras de ADN de familiares.