A casi un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, académicos y organizaciones de derechos humanos, entre ellos el centro Fray Francisco de Vitoria, presentaron el proyecto Documenta desde abajo, informe donde ofrecen testimonios detallados sobre los damnificados en Ciudad de México y en el cual enfatizan la responsabilidad de autoridades por omisión.

Francia Gutiérrez, de Damnificados Unidos; María Paula Saffon, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Jaime Vera, de El Colegio de México, y Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, coincidieron en que para poner fin a las violaciones de derechos de las personas damnificadas, la próxima administración de Ciudad de México debe cumplir de inmediato las medidas de reconstrucción que permitan a las familias recuperar sus viviendas sin demora ni endeudamiento.

Las brigadas de documentación entrevistaron alrededor de 200 personas damnificadas ubicadas en 45 lugares diferentes, principalmente campamentos y albergues de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Milpa Alta, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

Entre los hallazgos fundamentales resaltan la ausencia de una política adecuada de vivienda temporal posterior al sismo. El gobierno de Ciudad de México cerró de manera prematura los albergues oficiales cuando la gente seguía necesitando alojamiento de emergencia o temporal. Asimismo, los afectados señalaron la ausencia o inacción de autoridades en labores de búsqueda y rescate, el resguardo de objetos personales, labores de evacuación cuando el inmueble lo ameritaba, la producción de dictámenes oportunos y el anuncio de decisiones sobre reconstrucción.

Indicaron que la mayoría de los damnificados reportaron problemas o irregularidades de los gobernantes en sus obligaciones de dictaminar, demoler o reconstruir ante la falta de información precisa, transparente y pública sobre el estado de los inmuebles según las evaluaciones técnicas. Incluso un porcentaje importante de los entrevistados reportaron que quienes sostenían el hogar perdieron su empleo después del sismo y otros obtenían su sustento de donaciones o apoyos públicos, lo cual generó empobrecimiento de la población damnificada y con ello el tránsito o aumento a una situación de vulnerabilidad socieconómica.

Agregaron que el informe es producto de un esfuerzo colectivo de la academia y organizaciones de la sociedad civil para ofrecer una narración no oficial de los hechos después del sismo.

Participaron más de 120 estudiantes y académicos del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y facultades de la UNAM, la Universidad Autónoma de Ciudad de México, el Instituto Mora, así como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otros.