Ante la difícil situación en materia de inseguridad que afecta a empresas y familias, los esfuerzos del nuevo gobierno deberán fortalecerse para dar solución a corto plazo, combatir eficientemente la delincuencia y erradicar la impunidad y la corrupción, manifestó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

Sostuvo que las instituciones encargadas de aplicar las leyes deben ser fortalecidas con todos los instrumentos posibles para combatir la delincuencia, erradicar la impunidad y robustecer el estado de derecho. Estos deben ser los objetivos inmediatos, expuso el organismo privado.

Consideró importante que haya compromisos reales en materia de erradicación de impunidad y corrupción para consolidar un ambiente de seguridad, pues la percepción de mejora en esos temas aumenta los niveles de confianza, propicia la inversión y estimula los negocios y el consumo.

En un análisis económico, el Ceesp afirmó que los niveles de inseguridad han aumentado de manera considerable, y criticó que el costo económico que genera la violencia puede ser limitante del crecimiento, ya que los elevados recursos que se canalizan a ese ámbito podrían destinarse a actividades productivas que estimularían el crecimiento.

Apuntó que la inseguridad pública se ha convertido en una de los principales limitantes del crecimiento económico del país.

La seguridad de que realizar un acto ilícito no será castigado debido a la elevada impunidad que prevalece en el país y que viene acompañada de la ausencia de estado de derecho es un fenómeno que afecta gravemente el patrimonio de personas y empresas, apuntó.

La incidencia de ese fenómeno tiene un alcance mucho mayor que pone en riesgo otros aspectos, como la vida, la libertad y la salud de los individuos, además de la supervivencia de empresas, especialmente micro y pequeñas, sostuvo.

El Ceesp aseveró que la inseguridad representa costos económicos importantes. Con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, difundida la semana pasada, el organismo dijo que los costos de la inseguridad sumaron 299.6 mil millones de pesos en 2017, lo que representó 1.65 por ciento del producto interno bruto. De esa cantidad, 89.1 mil millones correspondieron a gasto preventivo de los hogares y 210.5 mil millones a pérdidas por victimización.