Ante la decisión de algunas alcaldías de suspender las autorizaciones para nuevas construcciones y el inicio de procedimientos de verificación a las que están en curso, el jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, sugirió el acompañamiento de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Paot), que, dijo, es un organismo descentralizado con autonomía técnica y de gestión, con el que ha generado una sinergia para enfrentar el problema de las edificiaciones irregulares.

En entrevista, el mandatario capitalino señaló que la Paot ha encabezado acciones que han permitido detener, sancionar e inclusive demoler construcciones excedidas en su superficie permitida.

Destacó incluso la intervención de la Paot para detener un proyecto que el mismo gobienro de la ciudad desarrollaba por conducto del Instituto de Vivienda (Invi), en el predio de la calle Rubí 38 en la colonia Valle Escondido de Tlalpan, donde se pretendía construir más de 400 departamentos para una organización a pesar de que el dictamen de factibilidad de agua estableció la incapacidad de la red hidráulica para proveer el servicio de manera adecuada, entre otras observaciones.

Explicó que ya se tiene una mesa con la Paot y estará comunicando a las alcaldías las acciones que se estarán realizando y en el caso de las autorizaciones para instrumentos de desarrollo urbano como los polígonos de actuación que otorga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, yo he puesto a una persona, que es la urbanista Gabriela Quiroga, representante directa de la jefatura de Gobierno ante el secretario de Desarrollo Urbano y ante el equipo de transición de la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum. Todo tiene que ser informado; todos aquellos trámites que iniciaron, que pretenden ingresar y que sean perfectamente atendidos”.

Por otra parte, confirmó que le extinta Asamblea Legislativa no estableció en el Presupuesto de Egresos ningún monto relativo a una previsión de gasto para la transición de las delegaciones a alcaldías y su gobierno, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, les ofreció apoyar su funcionamiento en este cierre de ejercicio presupuestal con un monto inicial de 50 millones a cada alcaldía.

El decreto aprobado por los asambleístas sólo establece en un artículo transitorio que las delegaciones deberán tomar las medidas necesarias para administrar y conservar los recursos suficientes que aseguren el funcionamiento como Alcaldías, que les permita conducir el gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.