En respuesta al informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el que se revela que desde siete penales federales y estatales se realizaron 3.7 millones de llamadas por celular, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que lo que está ocurriendo es que evidentemente no están poniendo a funcionar los sistemas de bloqueo de señales.

Habría que tomar medidas adicionales como son los arcos de revisión para evitar que persona alguna entre con este tipo de aparatos, señaló, y evitó responsabilizar del problema a las autoridades estatales

En entrevista en torno a dicho estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en el que se advierte que el uso generalizado de aparatos telefónicos en las cárceles del país muestra la inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados, Navarrete Prida sostuvo que algo está pasando que no se están poniendo a funcionar los mecanismos para bloquear señales de telefonía celular.

Extorsión desde penales

–¿Es por corrupción en penales estatales? –se le preguntó.

–No me atrevería a decir eso –respondió el titular de Gobernación.

Por separado, integrantes del Gabinete de Seguridad se refirieron también a ese estudio, en el cual se vigilaron las comunicaciones telefónicas en siete penales durante tres semanas y con el que se detectaron 947 equipos celulares sospechosos, de los que se hicieron más de 200 mil llamadas.

A partir de ese dato, se realizó un cálculo posible anual de que en las prisiones se realizan hasta 3.7 millones de llamadas desde dispositivos móviles en un año.

Hicieron notar que la obligación de inhibir las señales telefónicas, que se inició en 2008 como uno de los puntos aprobados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad y que en 2014 se convirtió en ley, ha fracasado por la connivencia entre autoridades e internos.

Luego del informe del Ifetel, las autoridades pusieron en marcha una revisión de los bloqueadores de señal telefónica celular en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Sin embargo, funcionarios federales refirieron que el problema se localiza en los penales estatales donde, en muchos casos, la colusión entre autoridades penitenciarias y reos permite la utilización ilegal de equipos celulares por parte de los internos, que a su vez realizan llamadas de extorsión.

Los entrevistados refirieron que uno de los problemas que exis-ten es el destino que los gobiernos estatales han dado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, ya que muchos de los recursos se aplican a áreas distintas a los centros penitenciarios y los esquemas de seguridad carcelaria, por lo que ésa ha sido una queja constante durante las conferencias nacionales de centros penales.

Las autoridades consultadas refirieron que el reporte del Ifetel no precisa en qué prisiones se realizó el estudio, y ante esa circunstancia, además de solicitar mayor información al respecto, ya se inició una revisión del funcionamiento de los equipos ya que –a decir de los en-trevistados–, una falta de operatividad podría generar situaciones de vulnerabilidad.

Aunque no descartaron que haya casos que estén ocurriendo, los empleados de prisiones, al igual que familiares y visitantes, pasan por esquemas de revisión que incluyen escaneo de ropas y objetos y también revisiones corporales, que supuestamente impiden el ingreso de ese tipo de objetos.