El Estado aún tiene una deuda pendiente con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, reconoció el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón. Expresó que la política de reparación debe modificarse y emplear herramientas de justicia transicional, pero desde un modelo mexicano.

En la clausura del Seminario Internacional de Reparación Integral –organizado por por la CEAV, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas–, Rochín indicó que no podemos calcar esquemas genéricos de justicia transicional o modelos implementados en otros países aunque hayan sido exitosos.

La ONU define la justicia transicional como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.

Rochín indicó que es necesario que la agenda del próximo gobierno sea la de las víctimas. Hay que fortalecer la idea de una reparación colectiva, que no significa acumulación de reparaciones individuales, dijo.

Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, celebró el reconocimiento de las limitaciones en materia de reparación y señaló que se requiere un cambio de diseño de políticas, así como el fortalecimiento de capacidades, de recursos y ejecución de estas estrategias.

Ricardo Sepúlveda, director general de políticas públicas, capacitación e investigación de la CEAV, consideró que se requiere construir una política nacional de reparación de víctimas con la participación de los afectados, colectivos e instituciones responsables, para evitar caer en acciones aisladas.

Es necesario ajustar el sistema de reparación de víctimas, pues su diseño actual no es funcional, indicó.

Sobre el análisis colectivo de los tres días de seminario, Sepúlveda informó que en este ejercicio especialistas, organizaciones y tomadores de decisiones observaron la existencia de un universo reducido de víctimas de los servicios que se prestan.

También se advirtió de la presencia de círculos viciosos de atención que no resultan reparadores; un sistema que no genera vínculos de coordinación ni incentivos de participación; un mecanismo de ayudas dirigido más al cumplimiento formal que a la reparación real; una tendencia a la monetización de las reparaciones y un esquema confuso entre la vía administrativa y la jurisdiccional.