Perpetuar un modelo de seguridad militarizado con la creación de una Guardia Nacional representa una provocación al espíritu democrático que se expresó en las urnas el primero de julio, señalaron las 87 organizaciones de 23 entidades del país que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

En un posicionamiento conjunto condenaron la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que desde ayer se discute en el Congreso de la Unión, porque, advirtieron, pretende elevar a rango constitucional la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y recalcaron la necesidad de apostar por un modelo civil.

Provocación al espíritu democrático

“Es sumamente grave que el grupo parlamentario (mayoritario) de Morena –del partido del próximo mandatario federal– insista en perpetuar un modelo de seguridad militarizado.

“Es claro que se trata de una provocación al espíritu democrático que se expresó en las urnas el primero de julio. Aún es tiempo de demostrar los ánimos democráticos de la cuarta transformación.

La congruencia política determinará nuestro lugar en la historia, señalaron organizaciones como los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, Fray Juan de Larios y de la Montaña Tlachinollan; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la Casa del Migrante, entre otras.

Recordaron que la Red TDT lleva 20 años cuestionando con argumentos críticos el modelo militarizado de seguridad pública, el más reciente fue presentado a través de un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los debates acerca de la ley de seguridad interior, declarada inconstitucional por el máximo tribunal la semana pasada.

En ese documento, los ministros argumentaron que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en temas de seguridad interior y pusieron énfasis en la preocupante decisión de obviar el grave contexto de violaciones a derechos humanos atribuibles a la militarización.