Buenos Aires. Un juzgado civil condenó al Grupo Clarín y al también oficialista Infobae por difundir información falsa acusando a Yolanda Burgos de ser responsable de agredir al presidente argentino, Mauricio Macri, durante un acto en Mar del Plata en agosto de 2016, y al tratar de agravar la situación de la acusada la señalaron como militante kirchnerista.

Los dos medios de comunicación deberán resarcirla económicamente y además publicar esta resolución como noticia de primera plana durante cuatro días.

Burgos inició una demanda contra ambos medios demostrando que el 8 de agosto de 2016 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recorrió la Villa 31, donde no se registraron incidentes y fue fotografiada con la ex mandataria cuando ésta saludaba a los vecinos.

El 12 de agosto Macri encabezó un acto en Mar del Plata junto con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el que hubo una protesta y también apareció un grupo tirando algunas piedras. Ambos medios identificaron por separado a Burgos como atacante de Macri.

Esta decisión es considerada –entre otras resoluciones de los últimos días– como una acción de jueces que se veían temerosos de tomar cualquier resolución que molestara al presidente y su gobierno, que no ha dudado en desplazar a magistrados en causas que no lo favorecen para poner jueces propios.

El magistrado Marcelo Martínez De Giorgi confirmó que la causa contra el diputado Máximo Kirchner y su colega Nilda Garré, ex ministra de Defensa, por la supuesta existencia de una cuenta bancaria clandestina en el extranjero, no podía sostenerse, ante lo cual el Poder Judicial ordenaría el sobreseimiento del caso.

En 2015 Clarín y la revista brasileña Veja sostuvieron que había una cuenta en Delaware a nombre de una sociedad supuestamente radicada en Belice, Business and Services IBC, que pertenecía a Máximo Kirchner y a Nilda Garré, donde se guardaban 41 millones de dólares.

La desmentida en este caso fue rápida por los pedidos que hicieron los acusados, quienes obtuvieron respuestas de Estados Unidos y luego mediante un oficio llegó la respuesta desde Belice informando que la empresa nombrada no existía, sentenciando que los hechos investigados no se cometieron.

Por estos días varias trampas jurídicas e ilegales tendidas por el juez Claudio Bonadío, que intenta detener a la ex presidenta y a funcionarios del gobierno anterior, también se derrumbaron ante denuncias de algunos indagados en la famosa causa de las fotocopias de cuadernos que nunca aparecieron, en la cual se intenta demostrar que hubo gran corrupción en la obra pública y que todo el dinero iba a manos de la mandataria y su familia. Varios indagados denunciaron que el juez les sugirió la posibilidad de ir presos si no declaraban contra Fernández de Kirchner.

El escándalo se agravó con la presentación ante un juez del empresario Federico Elaskar, quien era testigo protegido, y relató cómo personajes ligados al gobierno actual, como el periodista de Clarín, Jorge Lanata, el sindicalista Luis Barrionuevo y Nicolás Wiñazki, lo intimidaron para que acusara a Lázaro Báez, empresario detenido ilegalmente por la presunta entrega de dinero proveniente de sobornos al ex presidente Néstor Kirchner (ya fallecido) y a su esposa, sin prueba alguna de estos hechos.