El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, junto con organizaciones mexicanas de la sociedad civil, documentaron que dos periodistas del semanario Ríodoce, de Sinaloa, fueron objeto de un intento para infectar sus dispositivos móviles con el malware Pegasus para ser víctimas de espionaje. Esto se habría dado dos días después del asesinato el año pasado del corresponsal de La Jornada en esa entidad, Javier Valdez, también colaborador del semanario sinaloense.

La investigación del Citizen Lab revela que Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, director y cofundador y director de Información de Ríodoce, recibieron entre el 17 y el 26 de mayo de 2017, al menos seis mensajes de texto con enlaces vinculados a la infraestructura de Pegasus, algunos de ellos, incluso, suplantando la identidad de sitios web de noticias.

De haber abierto los enlaces de los vínculos que recibieron, sus aparatos móviles habrían sido infectados, por lo que los perpetradores habrían tenido acceso a sus archivos, documentos, cámara, micrófono y GPS de los dispositivos.

John Scott Ralton, investigador del Citizen Lab, detalló que estos dos casos son los primeros detectados después de que el año pasado se hiciera público que más de 20 personas, entre comunicadores, defensores de derechos humanos y políticos, fueron víctimas del uso de este malware de espionaje, que de acuerdo con las denuncias es usado por instancias del actual gobierno federal. Esos primeros casos se dieron entre 2015 y 2016.

El intento de ataque contra Bojórquez y Villarreal se efectuó en los días posteriores al asesinato de Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, el 15 de mayo de 2017. En esas fechas funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) estaban en ese estado, realizando indagatorias por el caso. Durante la conferencia se recordó que esa dependencia federal es el único “operador probado y reconocido del Pegasus en México”.

El director de la organización Social TIC, Juan Manuel Casanueva, señaló que la administración de Enrique Peña Nieto, que está por concluir su mandato, cerrará este capítulo en total silencio y falta de voluntad política para llegar al fondo en las indagatorias y dar con los responsables del espionaje oficial.

Por su parte, Luis Fernando García, de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, llamó al siguiente gobierno federal a instalar una mesa de trabajo que permita implementar las recomendaciones de la CIDH y la ONU y a modificar las instituciones y normas para evitar que este tipo de herramientas se sigan operando para espionaje oficial.