El gobierno federal no inició procedimiento alguno para determinar la superficie del parque Reforma Social que es propiedad de la federación y la que pertenece realmente a un particular, lo que impidió a las autoridades capitalinas incorporar al patrimonio de la ciudad ésta última por la vía de la adquisición o mediante decreto expropiatorio, admitió el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno capitalino, Vicente Lopantzi García.

En reunión con diputados de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso local y vecinos de la colonia Reforma Social, el funcionario explicó que la ciudad mantiene en tanto la defensa en tribunales del certificado de uso de suelo del predio como área verde, que impide a la empresa Viviendas Leo edificar, como pretendió en septiembre de 2013 al cercar el parque.

Lopantzi dijo que si bien la empresa a la que los sucesores del poseedor originario habrían transferido los derechos, se dice propietaria de la totalidad del predio, hay evidencia que una gran proporción es propiedad federal.

Estimó que aproximadamente es 50 por ciento, pero a pregunta expresa admitió que el gobierno federal no comenzó ninguna acción para delimitar la parte que es su propiedad y que mediante un decreto de 1997 lo destinó a uso público; sin embargo, no transfirió la propiedad a la ciudad.

La presidenta de la comisión, Gabriela Salido Magos, del grupo parlamentario del PAN, adelantó que se buscará un acuerdo al interior de la comisión para pedir al gobierno, en particular al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para que realice las acciones que correspondan a efecto de que se pueda delimitar el área que corresponde a la federación y la que es del particular y así el próximo gobierno capitalino pueda adquirir o expropiar la fracción del parque que pertenece al civil.

La legisladora recordó que el Congreso aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas un exhorto para que en el presupuesto de egresos del próximo año se reserven recursos para el parque Reforma Social.

Lopantzi explicó que desde hace cinco años la consejería mantiene la defensa contra el amparo contra el certificado de uso de suelo en el que el juez tendrá que resolver llevando a cabo la valoración basado en el interés público.