Aun con los avances reportados en el periodo 2015-2018, persisten debilidades institucionales en las agrupaciones policiales de estados y municipios, tanto en la calidad como en la cantidad de elementos. Por ello es necesario aumentar los recursos para la seguridad y de esa manera apuntalar los proyectos futuros (como la Guardia Nacional), señaló Álvaro Vizcaíno Zamora, al concluir su responsabilidad como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación.

Datos del SNSP muestran una reducción de subsidios federales a causa de restricciones presupuestales. Y aunque los montos fueron multimillonarios, la incidencia delictiva no bajó. Por el contrario, el sexenio que concluyó ayer fue el más violento desde el inicio del compendio estadístico, en 1997. Sólo de enero a octubre de este año se abrieron poco más de 24 mil carpetas por homicidio doloso.

Los apoyos federales para atajar el problema significaron, en conjunto, 81 mil 997 millones de pesos durante el periodo 2013-2018, entregados a los 32 estados y a los 300 municipios con más población, donde se cometen 90 por ciento de los delitos de alto impacto. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp), para los 32 estados, cayó de 8 mil 190 millones de pesos en 2015 a 6 mil 989 en 2018.

Hubo una disminución enorme. Cualquier política pública requiere de dinero y planeación de corto, mediano y largo plazos; de lo contrario, difícilmente se lograrán transformaciones sustanciales, por muy buenas que puedan ser las políticas, comentó a La Jornada.

Vizcaíno, doctor en derecho, es especialista en generación de políticas en materia de seguridad pública e interna. Señala que ante la debilidad institucional, la alternativa de este sexenio fue la creación de la Gendarmería, que se colocó como división de la Policía Federal.

El gobierno reclutó, en lo que se pensó como una primera fase, a 5 mil elementos, y se invirtieron 5 mil millones de pesos.

Ahora que el nuevo gobierno anunció la integración de la Guardia Nacional, con la batuta de la policía militar, la naval y una parte de la PF, Vizcaíno señala que si bien la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es indispensable, el tema está precisamente en el cómo se acudirá a ellas. Igualmente, precisó, es necesario evitar duplicidades y ser muy cuidadosos en el diseño institucional.

Un debate importante es comprender los conceptos de seguridad: la pública, que debe ser tarea de policías, no de fuerzas armadas, y la interior, que se pone en marcha ante una situación especial, como la actual en el país, indicó.

En ese punto, el diagnóstico del SNSP muestra un mínimo avance de las policías estatales, porque los elementos aprobados y vigentes en el control de confianza pasaron en el periodo 2017-2018 de 78.9 a 79.3 por ciento del total de personal evaluado, y la reducción de reprobados es igualmente apenas de un punto.

Sin embargo, los principales rezagos se ubican en el ámbito municipal: por ejemplo, 27 por ciento de los ayuntamientos no tienen policía local y sólo 408 (16.6 por ciento) tienen corporaciones de más de 50 elementos.