Guadalajara, Jal., El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, y el gobernador electo, Enrique Alfaro, ambos del partido Movimiento Ciudadano (MC), encabezaron ayer el boicot contra las mesas de seguridad para la construcción de la paz, que se realizan a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La única autoridad que acudió a la mesa de Jalisco fue el primer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Eduardo Sosa Márquez, pese a que se giraron invitaciones tanto al gobierno saliente como al entrante.

Por el gobierno federal se presentaron el delegado de la Procuraduría General de la República, Jaime Rodríguez Aguilar; Pedro Hernández, coordinador estatal de la Policía Federal; el comandante de la 15 Zona Militar, general Fernando Enrique Méndez; el capitán Pablo Nery Cruz, representante de la Octava Zona Naval, y el teniente coronel José Villafaña Ortiz, enviado de la Quinta Región Militar.

El delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, encabezó la reunión como secretario técnico de la coordinación estatal y presentó el Programa de Coordinaciones Estatales. Acordó con las otras autoridades realizar reuniones diarias para definir estrategias.

La seguridad pública es una de las funciones concurrentes de la federación, estados y municipios, guiada por el principio rector de la coordinación institucional. Hoy no se está ante un simple cambio de administración pública federal, sino ante el inicio de un cambio de época en la historia del país, dijo Lomelí, quien confió en la pronta incorporación de Jalisco.

En el estado quedaron instaladas las 15 mesas de coordinación regional, a las que también faltaron autoridades municipales, pese a la presencia de policías y fuerzas armadas federales.

La noche del viernes pasado, en un comunicado, Ismael del Toro dio a conocer un manifiesto de los alcaldes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista, Nueva Alianza, de la Revolución Democrática y MC, así como independientes, quienes rechazaron toda acción que busque transgredir los principios constitucionales, condición que pondría en riesgo la actuación institucional formal con que debemos actuar para obtener los resultados que los ciudadanos esperan de nosotros como gobierno.

Asimismo, respaldaron a Enrique Alfaro, quien anunció que desconocerá las atribuciones del delegado federal, Carlos Lomelí, en materia de seguridad, y alegaron que los gobiernos municipales no pueden actuar fuera de la ley.