La Procuraduría General de la República (PGR) liberó la versión final de la investigación que realizó en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), ocurrida en Iguala en septiembre de 2014. Se pueden consultar 429 nuevos tomos de la indagatoria.

En total, el Ministerio Público Federal colocó en su página web 631 tomos en los que se presentan, de manera testada, peritajes, diligencias, declaraciones ministeriales y estudios realizados tanto por los servicios periciales de la institución, como de la Policía Federal, así como los llevados a cabos por los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), a lo largo de casi cuatro años.

Sin difundirlo de manera pública, la administración de Alberto Elías Beltrán, como encargado de despacho de la PGR, subió a Internet un total de 429 tomos de la indagatoria. En ellos se encuentran datos de los estudios realizados por expertos internacionales que cuestionan la denominada verdad histórica, y también cómo pese a la utilización de tecnología, no se logró ubicar puntos donde se hubieran realizado inhumaciones clandestinas que permitieran ubicar restos de los normalistas, entre los que se mencionan cañadas, ríos o cuevas en Cocula, Huitzuco, Iguala, Tiaquinzolco, el río San Juan o Lomas del Coyote.

Muchos detalles fueron testados (tachonados o cubiertos por máscaras negras) con mayor énfasis que los primeros 201 tomos de la investigación iniciada durante la gestión de Jesús Murillo Karam.

En los últimos tomos que fueron dados a conocer durante la gestión de Arely Gómez al frente de la PGR y los primeros de la administración de Beltrán Elías, los primeros informes y oficios que pueden consultarse están relacionados con los informes, expedientes laborales y datos de los elementos de la Policía Federal investigados por supuesta participación en los hechos en Iguala.

La noche del 26 de septiembre de 2014, agentes de la policía de ese municipio, con ayuda de agentes de los ayuntamientos de Cocula y Huitzuco, apoyados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, agredieron a los normalistas y luego de privar de la libertad a 43, los desaparecieron.

Hasta el momento, las indagatorias refieren que al menos 18 de los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula; solamente se obtuvieron registros que presumen que dos de los normalistas sí habrían sido conducidos a ese lugar.

Del resto no existen indicios o detalles aportados en los expedientes abiertos como parte de las acciones de transparencia, pero fueron testados de tal manera que en muchos de los interrogatorios ni siquiera se puede establecer qué preguntaron los agentes del Ministerio Público o cuáles fueron las respuestas de los entrevistados.