Con un gasto nacional en educación por debajo de los recomendado por organismos internacionales -sólo 5.1 por ciento del PIB-, los recursos son insuficientes para garantizar el derecho a la educación. Falta infraestructura en educación media y superior, sobre todo en las localidades más alejadas, pero al mismo tiempo la oferta para el nivel superior no se cubre por la baja calidad educativa, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el estudio Diagnóstico del derecho a la educación 2018, señala que aunque hay avances sigue pendiente el abatimiento del porcentaje de población analfabeta, que se encuentra por arriba de 4 por ciento de los mayores de 15 años. Se sostiene en el informe que la distribución del gasto público dista de ser eficiente para garantizar el cumplimiento del derecho a conocimientos académicos y ejemplifica que la proporción gastada en programas para adultos es insignificante comparada con el tamaño de la población que lo requiere.

El destino del gasto se enfoca, abunda el estudio, casi en su totalidad al pago de nómina y se dejan de lado la adquisición de materiales, capacitación e infraestructura.

Señala que en el nivel medio superior, hay problemas de disponibilidad de instituciones que sumado a problemas de accesibilidad económica, ha llevado a que apenas seis de cada 10 jóvenes lo cursen, por lo que en el tránsito de la secundaria a la media superior se reduce la matrícula en poco más de 1.5 millones de personas.

Uno de cada cinco alumnos de educación básica enfrentan problemas de infraestructura al no contar con servicios básicos en sus escuelas, y uno de cada seis, al no tener mobiliario básico.

En el nivel medio superior, 28 por ciento de los planteles no cuenta con agua todos los días, 2 por ciento carecen de energía eléctrica y en 69 por ciento faltan muebles en al menos una de las aulas.

En 2015 había más de 1.3 millones de niños y jóvenes que invertían tiempos excesivos de traslado a la escuela; este problema se agudiza en el nivel medio superior debido a la baja presencia de instituciones.

Sobre la calidad del personal, refiere que es prematuro definir la incidencia de la aplicación de la reforma educativa, sobre todo en la mejora del aprovechamiento de los alumnos.

Destaca que la información pública sobre la calidad de los materiales y la infraestructura es casi inexistente.

Refiere que un elemento utilizado para aproximar la relevancia de la educación, es la posibilidad de que se dote de las habilidades para ingresar a la educación superior, pero en 2016 casi la mitad de aspirantes fueron rechazados (48.6 por ciento) y 18.3 por ciento de los lugares ofertados no fueron ocupados.

Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz presentan los menores índices de acceso a la educación, y en general en el país aún uno de cada cuatro niños de entre tres a cinco años de edad no asiste a preescolar, aun teniendo instituciones para ello, mientras que, cuatro de cada diez jóvenes de 15 a 17 años no cursa la educación media superior.