on muchos más que 43, desde luego. Decenas de miles de casos que merecen plena atención de la nueva administración federal. Un país de desaparecidos y, durante el sexenio que acaba de terminar, un gobierno de cómplices, por acción o por omisión. Las cosas van cambiando, no todas ni tan rápido como se deseara o fue prometido, pero el acto del primer lunes del nuevo Presidente de la República tiene un gran simbolismo y parece de cumplimiento ineludible: saber qué pasó las históricas noche y madrugada de Iguala y, a partir de eso, iniciar el proceso institucional de justicia, que no significa perdón sino castigo a los responsables, materiales e intelectuales, civiles y militares, del pasado o del presente.

Un auténtico ejercicio de verdad y justicia tendría que desembocar en las actuaciones de los responsables de las funciones de seguridad e inteligencia públicas en Iguala. No sólo a los niveles municipales (José Luis Abarca, como único titular de un poder Ejecutivo de aquella fecha que ha sido procesado) o estatales (Ángel Aguirre Rivero debió dejar la gubernatura de Guerrero pero, habiendo quedado limpio, antes de las elecciones recientes buscó ser candidato a algún puesto legislativo): una verdadera indagación debe llegar necesariamente a los mandos de la zona militar de aquella región y, desde luego, al jefe máximo operativo del Ejército, el general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa Nacional y enjundioso obstructor de que las investigaciones sustanciales llegaran hasta los uniformes verde olivo.

En el ámbito del Poder Ejecutivo federal, la búsqueda de verdad y justicia debe llegar hasta el turbio Jesús Murillo Karam, quien era procurador federal de justicia, autor de la mentira histórica denominada verdad histórica y conductor general de todo el proceso de limpieza del caso. Otro civil que debe ser investigado y, en su caso, juzgado, es Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal; Zerón ha sido exhibido como el personaje que armó el hallazgo de los restos de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, luego de haber sacado de una celda a uno de los detenidos (previamente torturados), sin autorización judicial y sin haberlo notificado formalmente a nadie, para que señalara el lugar donde al otro día buzos de la Marina se encontrarían con los mencionados restos, a los que no se aplicaron las obligadas medidas de control forense; restos que luego darían pie a que Murillo Karam declarara su negativamente famosa verdad histórica.

Y, desde luego, en la punta de la pirámide de protección, manipulación y engaño estuvo el ahora perdonado Enrique Peña Nieto, quien hizo cuanto pudo para mantener bajo engaño y a distancia a los familiares de los normalistas desaparecidos. Incapaz de atentar contra la estructura de poder que le sostuvo, Peña Nieto navegó de manera sucia en busca de que las aguas del tiempo disolvieran responsabilidades y pruebas.

Mientras tanto, quedan en espera los familiares de las decenas de miles de desaparecidos que no han tenido la difusión mediática de los 43. En todo el país hay reportes de esas personas que en distintas circunstancias, a veces solamente por ir caminando por las calles, han sido raptadas y cuyo destino es desconocido. Fundamental será la forma resolutiva del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, pues ahí se verá la resistencia de los poderes subsistentes, en particular el de los jefes de las fuerzas armadas.

Si el nuevo poder presidencial es capaz de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para los 43 normalistas, habría esperanza de avanzar en la resolución de buena parte de los casos de los miles de desaparecidos. Primer lunes de compromiso obradorista en Palacio Nacional, con decreto y comisión. Esperanza de cambio verdadero, en un tema emblemático, definitorio.

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