La agenda de derechos humanos va más allá del uso de los militares en tareas de seguridad pública. Sin embargo, el anuncio de la Guardia Nacional representa un riesgo para las facultades ciudadanas y no bastará con la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las fuerzas armadas dejen de violentar las garantías fundamentales, señalaron defensores de estas garantías, quienes insistieron en que mantener a elementos de las fuerzas armadas en labores que no les corresponde, como lo anunció el nuevo mandatario federal, representa un riesgo para las garantías fundamentales.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, indicó que el tema de la Guardia Nacional es delicado, aunque las agendas de derechos humanos son más complejas. Hay que esperar y analizar a que se cumpla el compromiso (de López Obrador) de consultar a la población.

Gutiérrez indicó que un punto central en la agenda de derechos humanos de López Obrador será resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como la punta de lanza para aclarar y llegar a la justicia en el tema de las más de 37 mil desapariciones que se han dado en el país en los pasados dos sexenios. El mensaje que mande este lunes (al decretar la creación de la comisión de investigación para el caso Iguala) será la base para que más adelante declare una emergencia nacional forense y haya una revisión profunda de la fiscalía para personas desaparecidas.

Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicó que la posición del titular del Ejecutivo de que las fuerzas armadas son una institución ideal, leal y sin cuestionamientos, denota su falta de visión crítica y objetiva hacia la institución. Es verdad, puede tener aspectos positivos, pero hay muchos muy cuestionables.

El que militarizar la seguridad sea su única alternativa, dijo Cortez, resulta insuficiente para el país”.