El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo tendrá en materia de combate a la corrupción sus principales desafíos en materia de construcciones, el ejercicio del presupuesto en obra pública y en las áreas de seguridad y procuración de justicia, afirmó el coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización México Evalúa, Marco Antonio Fernández Martínez.

Otro problema importante, agregó el también académico e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, es la ausencia en la entidad del Sistema Anticorrupción Local que dejó pendiente la extinta Asamblea Legislativa, pero en lo que será competencia de la jefa de Gobierno, dijo que espera dé impulso a medidas que fortalezcan a la próxima fiscalía general de justicia y dentro de ésta, que funcione realmente la fiscalía especializada en combate a la corrupción, así como políticas proactivas de transparencia a la gestión gubernamental.

No es suficiente, pero sí una condición necesaria para acotar los márgenes de corrupción que operan en la Ciudad de México, y allí sí tiene que poner el ejemplo la doctora Claudia Sheinbaum, y que ese ejemplo permee al resto de la administración, apuntó.

Sostuvo en entrevista que le genera confianza que tendrá entre sus colaboradores cercanos a personas como Andrés Lajous (Secretaría de Movilidad) y a José Merino (Agencia de Operación e Innovación Digital), “que entienden la importancia de la transparencia y los indicadores para dar seguimiento puntual a las políticas públicas que se implementan.

Sobre el Sistema Anticorrupción Local, los diputados del Congreso local Carlos Castillo y José Luis Rodríguez, presidentes de las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de la de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior, respectivamente, señalaron como prioridad su integración, que, aseguraron, será funcional a partir de que no se constituirá con esquemas de cuotas y cuates.

Dentro del conjunto de normas que dejó la extinta Asamblea que integran el sistema, el Congreso tiene pendientes reformas a las leyes de la Administración Pública Local, de la Fiscalía Anticorrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa y a la misma Ley del Sistema Anticorrupción.