Guadalajara, Jal., El ex procurador estatal y ex gobernador interino panista Gerardo Octavio Solís Gómez fue ratificado por el pleno del Congreso local para hacerse cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) a partir de este jueves, cuando Enrique Alfaro Ramírez asuma la gubernatura.

La propuesta fue aprobada con 32 votos de todos los partidos, excepto Morena, cuyos seis diputados consideraron inadecuado que se designara a un ex funcionario que ha recibido varias recomendaciones de organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos por casos de tortura.

Antes de la votación se presentó un oficio del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza con los resultados del proceso al que se sometió a Octavio Solís, y el oficio del gobernador electo Alfaro Ramírez para solicitar la ratificación.

Además, fue aprobada una nueva ley orgánica de la FGE, que separa las áreas de procuración de justicia del mando operativo de la policía estatal para permitir el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.

Solís Gómez ingresó a la Procuraduría General de Justicia en 1995, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) llegó al gobierno estatal; de 2000 a 2005 fue procurador; de 2005 a 2006, secretario de Gobierno, y entre 2006 y 2007, gobernador interino, después de que el mandatario constitucional, Francisco Ramírez Acuña, solicitó licencia para ocupar el cargo de secretario de Gobernación en el sexenio del también panista Felipe Calderón Hinojosa.

También fue delegado de la Procuraduría General de la República por un año, en 2014.

Su labor al frente de la procuraduría estatal ameritó un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por lo ocurrido el 28 de mayo de 2004, durante la cumbre de jefes de Estado efectuada en Guadalajara, cuando, luego de una manifestación, se acreditaron 73 detenciones ilegales, 55 casos de tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura a manos de policías en contra de altermundistas extranjeros y de otras ciudades del país que protestaban contra las políticas neoliberales.

Solís Gómez y otros funcionarios estatales y municipales involucrados no recibieron sanción alguna, pues el entonces gobernador Ramírez Acuña desacreditó el informe, pese a que hubo recomendaciones (tampoco atendidas) de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros organismos.

En sus cuatro años como procurador, Octavio Solís acumuló 31 recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que no fueron atendidas, incluidas una en 2002 tras una queja de 66 custodios del sistema penitenciario de Jalisco, quienes denunciaron que había autogobierno dentro de la cárcel, y otra de ese año, cuando al menos mil 500 jóvenes que acudieron a una fiesta rave en el municipio de Tlajomulco fueron cercados y vejados y una treintena de ellos encarcelados y golpeados por decenas de policías estatales.