Por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los tribunales colegiados no deberán emitir sentencias en los juicios de amparo que se han presentado en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos hasta que el máximo tribunal emita una resolución sobre el tema y la validez de las acciones emprendidas por unos 3 mil funcionarios del Poder Judicial de la Federación en contra de esa legislación.

El máximo tribunal informó que decidió ejercer su facultad de atracción para resolver los impedimentos en los que los respectivos jueces de distrito se excusaron para conocer de sendos juicios de amparo indirecto en los que se controvierte, entre otros actos, la discusión, aprobación expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

De esa manera se determinó aplazar mediante acuerdos generales la resolución de juicios de amparo pendientes de resolver y con ello se decretó la suspensión de los procesos hasta que la Corte dicte su sentencia. Así, la Corte deberá definir qué jueces serán los que tengan la responsabilidad de determinar los amparos presentados y que corresponderá a juzgadores que no interpongan este tipo de juicios en contra de la legislación que ordena que ningún funcionario público puede percibir salarios mayores que el establecido para el Presidente de la República, que será de un máximo de 108 mil pesos. La Corte también deberá resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la legislación mencionada.

En tanto, los jueces mexicanos han acudido a organizaciones internacionales de abogados y juristas, para obtener asesorías en cuanto a las fórmulas que pueden emplear para combatir lo que consideran una intromisión de otros poderes en los órganos encargados de impartir justicia.