La juez de control Landy Pamplona vinculó a proceso en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, a 16 policías municipales por el delito de motín, en el que habrían incurrido el pasado 5 de noviembre en agravio del ayuntamiento y del encargado de despacho de la secretaria de seguridad pública local, Jesús Pérez Abarca –a quien sacaron a empujones de sus oficinas–, y les impuso seis meses de prisión preventiva.

Este miércoles, luego de casi 12 horas de audiencia pública, la juez que tiene a su cargo la carpeta administrativa 15/2018 también ordenó a la dirección del Centro de Reinserción Social de Cancún que coloque a los policías en un área segura, pues fueron amenazados de muerte por internos.

Joaquín Magaña, abogado de los acusados, aseguró que el delito de motín amerita una pena máxima de dos años, y dictarles prisión preventiva de seis meses equivale prácticamente a condenarlos.

El litigante afirmó que la justicia en este caso se ha prostituido, pues, sin presentar elementos contundentes, se enviará a prisión a sus defendidos, mientras personas que cometen delitos graves pueden recuperar su libertad con facilidades.

Es inaceptable que, además, la juez se haya referido a ellos como delincuentes, dijo.

En su protesta del 5 de noviembre, los policías de Cancún acusaron a Pérez Abarca de obligarlos a realizar actividades contra la delincuencia organizada, las cuales no les corresponden, y exigieron equipo para realizar su trabajo.

Protesta en Michoacán

Agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán marcharon este miércoles en Morelia acompañados por sus familias, del monumento Las Tarascas al Congreso local, para exigir a la administración que encabeza el gobernador perredista Silvano Aureoles el pago de compensaciones, salarios más justos y mejores condiciones laborales –cubren turnos de 24 horas de labores por 12 de descanso–, así como uniformes dignos.

Ayer también se manifestaron en Morelia trabajadores de la Secretaría de Salud de Michoacán para demandar que se garantice durante 2019 el pago de sus salarios en tiempo y forma, mientras integrantes de la Unión Campesina Democrática se manifestaron frente al palacio de gobierno del estado para exigir a Aureoles Conejo que cumpla sus compromisos con los campesinos, ya que no se ha ejercido programa de apoyo alguno. Además pidieron detener la incautación de vehículos extranjeros sin documentos.