Buenos Aires. El juez porteño Roberto Gallardo prohibió la aplicación en Buenos Aires del nuevo protocolo de seguridad que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que autoriza disparar, incluso por la espalda sin dar la voz de alto y por simples sospechas de que alguien podría estar armado o preparado para delinquir, flexibilizando y ampliando el uso de las armas de fuego para las fuerzas de seguridad, una medida que fue calificada de impunidad para matar por juristas, políticos e integrantes de organizaciones de derechos humanos.

La resolución provocó una serie de denuncias de distintos sectores de la sociedad, incluso juristas propusieron un juicio político contra Bulrich. Amnistía Internacional intervino también ante lo que buena parte de la sociedad considera una pena de muerte encubierta.

Dentro de Cambiemos, la propia alianza gobernante, se rechazó esta decisión; la diputada Elisa Carrió advirtió que el protocolo viola los derechos humanos, aunque luego sostuvo que sólo si estuviera en las normas del Código Penal se podría imponer.

El cuestionado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo que el juez Gallardo tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia, lo que es común en este gobierno, que amenaza y persigue a jueces que no actúan en su favor.

La medida del magistrado respondió a la solicitud de la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional; Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil, y la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión Contra la Violencia Institucional, en la legislatura de la ciudad.

Mientras, un numeroso contingente policiaco agredió una marcha de movimientos sociales y del Polo Obrero, lesionando a varios manifestantes e impidiendo el paso de los que se dirigían al Ministerio de Desarrollo Social para pedir diálogo, ante la dramática situación de creciente pobreza y desempleo, cuando sólo en el sector industrial se han perdido cien mil puestos de trabajo en tres años.

Recordaron que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia informó que 48 por ciento de las niñas, niños y adolescentes viven en pobreza en Argentina y que 38 por ciento de las personas sufre al menos una carencia entre educación, protección social, vivienda, saneamiento básico, acceso al agua potable y hábitat seguro.

En otro orden, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la detención del poderoso empresario de Techint, Paolo Roca, quien viajó a México, y de Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios en la causa de las fotocopias de los cuadernos de un ex chofer del Ministerio de Planificación, utilizadas ilegalmente en el contexto de la persecución del juez Claudio Bonadio contra la ex mandataria.

En este juicio, donde hay empresarios que pasan a ser arrepentidos si confiesan lo que Bonadio quiere, y quienes no lo hacen son detenidos preventiva e ilegalmente, al igual que ex funcionarios, todo tiene un cariz escandaloso, por lo cual Roca decidió apelar de esta causa.

En tanto, la familia de Santiago Maldonado apeló de la resolución del juez federal Gustavo Lleral, pidió que se aparte de la causa por la desaparición forzada del joven artesano y solicitó la nulidad del fallo que cerró el caso. El joven desapareció el primero de agosto de 2017 durante una brutal represión de la gendarmería contra un pequeño grupo de mapuches que defendían sus tierras ancestrales.

El juez Lleral confesó a la madre del joven que fue presionado para cerrar la causa. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, relató a la prensa las irregularidades del proceso, además del espionaje a la familia, recordando que se ignoraron testimonios, filmaciones, pruebas y el expediente se cerró con base en datos, lo que es gravísimo para la justicia.

También está en duda la autopsia realizada por peritos de las mismas fuerzas de seguridad responsables de su desaparición y muerte, y se denunció que el cuerpo, encontrado en el río Chubut –en el lugar hasta donde bajaron los gendarmes persiguiendo a la víctima– apareció con rasgos de haber estado congelado, pero el frío del agua no alcanza para explicar la conservación durante tanto tiempo.

Casi a la misma hora de la conferencia de Maldonado comenzaban a reunirse miles de mujeres que luchan contra los feminicidios y que hicieron un paro en sus lugares de trabajo por el caso de Lucía Pérez, de 16 años, quien fue violada y asesinada, y cuyo cadáver apareció en Mar del Plata en octubre de 2016, por lo cual hay tres imputados que dejaron a la joven sin vida en un hospital y huyeron.

En reciente fallo, tres jueces absolvieron a los imputados del cargo de feminicidio y dos fueron condenados sólo por venta de droga, ante ante lo cual miles de mujeres salieron otra vez a las calles, como en los tiempos de ni una menos, no sólo en esta capital, sino en todo el país. La Cámara de Diputados exigió justicia para Lucía.

En esta carrera judicial, la fiscal Gabriela Baigún solicitó que el senador y ex presidente Calos Menem sea condenado a cuatro años de prisión y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, a tres años y nueve meses de cárcel, por haber vendido a precio vil en 1991 a la Sociedad Rural el predio ferial de Palermo. El valor de esa operación fue de 30 millones de dólares, pero el valor real era de 130 millones, recordó la fiscal en el juicio oral.