Vecinos e integrantes de organizaciones sociales se congratularon de la decisión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de disolver el cuerpo de granaderos, tras señalar que se había convertido en un instrumento de represión contra la población que ejercía su derecho a manifestarse para exigir servicios como agua o luz o en contra de construcciones irregulares.

Sin embargo, también exigieron justicia, pues ninguna de las quejas interpuestas en la Comisión de Derechos Humanos capitalina por los atropellos que cometieron derivó en alguna sanción en su contra. Ver llegar a los granaderos era sinónimo de que no habría diálogo con las autoridades, que habían decidido imponer lo que fuera, señaló el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur.

Gustavo López, de la Asamblea de Pueblos, Barrios y Colonias de Coyoacán, afirmó que los operativos se instrumentaban sin ningún protocolo y agredían por igual a adultos mayores, mujeres y niños. Nada de lo que se robaban se recuperaba después, apuntó.

En algunos casos las agresiones salían a la luz pública, pero en otros nadie se enteraba, como ocurrió el año pasado en la colonia 16 de Septiembre, en Miguel Hidalgo, cuando se pretendía celebrar el aniversario de la banda de Los Panchitos.

Por separado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, informó que se han emitido 20 recomendaciones contra el cuerpo de granaderos, de las cuales 13 han sido aceptadas y siete están en seguimiento.

Tras la firma de un convenio con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, explicó que además se presentaron durante la administración pasada 355 quejas, de las cuales 103 siguen en trámite y en investigación y 242 fueron concluidas.

El mayor número de quejas se presentó entre 2013 y 2016, pues de enero a la fecha la cifra ha sido menor, y eso se debe a una baja participación de este agrupamiento en protestas y operativos, por las mismas recomendaciones emitidas, precisó.