n la nueva iconografía política habrá que destacar la insólita actitud de altos funcionarios del Poder Judicial en protesta pública por la reducción de sus remuneraciones. Nunca antes, en la historia política moderna del país, jueces, magistrados y personal de juzgados y tribunales se sintió en necesidad de manifestar de manera organizada, nacional y pública, su oposición a determinadas medidas de la punta de la pirámide de los poderes mexicanos, el Ejecutivo federal. Por el contrario, históricamente el aparato judicial del país había vivido en una connivencia en ambos sentidos, con los dos ámbitos, el Ejecutivo y el Legislativo, en amasiato de intereses sabidos.

El diferendo entre la Presidencia de la República, más la mayoría dominante de las cámaras legislativas, contra la élite del Poder Judicial, llegó ayer a la discusión sobre el monto de las percepciones de ciertos funcionarios, los cuales, según declaró Andrés Manuel López Obrador, alcanzarían hasta 600 mil pesos mensuales, a lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió mediante un desmentido.

El litigio en curso alienta las objeciones al obradorismo por parte de los segmentos que consideran que se está fracturando un sistema jurisdiccional que, según ese punto de vista, habría funcionado con cierta eficacia. Del lado obradorista, la resistencia del aparato judicial confirma la necesidad de avanzar en el abatimiento de los altos niveles de ingreso de esas élites opuestas a los cambios derivables de las pasadas elecciones.

Una de las peculiaridades de esta confrontación es el papel de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue beneficiaria del golpe del entonces presidente Ernesto Zedillo para renovar la Corte e incluir a personajes cercanos a él. Con una formación en el servicio público concentrada en el ámbito del Poder Judicial federal, Sánchez Cordero, senadora con licencia, mantiene una postura desde Bucareli que revolotea de distintas maneras en favor de sus propios ex compañeros. Ayer, por ejemplo, declaró que el tema es un poco complicado, porque tenemos una norma constitucional que protege a los ministros y a los jueces, entonces no es tan fácil decir que se los bajen. Su tono es distinto al de su actual jefe político, López Obrador, quien mantiene una postura plenamente combativa. Incluso la secretaria de Gobernación ha llamado al diálogo, como si ella en lo personal pudiera ser un punto neutral o una especie de tercera en discordia.

En todo caso, ese diálogo debería conjurar con rapidez la posibilidad de una crisis política y jurídica en caso de que el Congreso federal apruebe en los hechos una forma de desobediencia al mandato judicial de frenar la ley de remuneraciones. El coordinador de la mayoría morenista, Mario Delgado, sostiene la postura de aprobar en el próximo Presupuesto Federal de Egresos las partidas salariales reducidas, conforme a la letra de un artículo constitucional pero no de la decisión de un ministro de la Corte que ha ordenado frenar esos ajustes.

La crispación del caso ha sido abordada por el propio López Obrador, quien ha dicho que, aunque sean equivocadas, respetará las resoluciones de la Corte, en el caso de las remuneraciones, y del tribunal electoral, en el caso poblano. El tabasqueño ha aprovechado para defender la postulación de personajes cercanos a su proyecto político para ocupar un asiento en la misma SCJN. En las acciones recientes de la Corte y el tribunal electoral, según ha dicho el Presidente de la República, subsiste el viejo régimen, que seguramente vamos a padecer.

En el caso Puebla destaca el anuncio obradorista de que incorporará a su administración a Miguel Barbosa, el ex perredista que en nombre de Morena compitió contra Martha Érika Alonso. Por las mismas razones que impidieron a Barbosa arrasar en una elección de gobernador (el controvertido historial político de ese opositor), debería anularse la pretensión de usar el aparato del gobierno federal para el pago político a personajes en infortunio electoral.

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