Directivos, académicos e investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) son quienes han interpuesto una demanda en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Las demandas, según trascendido, no es por el rebase del tope salarial fijado por las percepciones del titular del Ejecutivo federal, sino porque con la nueva normatividad, la administración del IPN dejará de pagar el impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente a las becas académicas y de investigación de las que gozan, tal como se ha venido haciendo desde que existe este tipo de estímulos, así como el correspondiente a la prima de antigüedad, identificada como quinquenios, según revelaron varios profesores, quienes todavía valoran si se suman o no al grupo de demandantes.

Explicaron que las afectaciones, según el tipo de beca, categoría, y antigüedad, podría representar entre 20 y 34 por ciento de sus percepciones mensuales. Reconocieron que hay profesores-investigadores del instituto que con su salario base, las becas de estímulo docente y/o de investigación, más sus percepciones por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, sus ingresos mensuales pueden rebasar, algunos por mucho, los 108 mil pesos del salario que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora se desconoce si en el grupo de demandantes está algún alto funcionario del instituto, pues varios de ellos rebasan por mucho las percepciones establecidas para el Ejecutivo federal.

De acuerdo con la página del Portal de Obligaciones de Transparencia del IPN, actualizado a noviembre, el director general, Mario Alberto Rodríguez Casas, reporta una remuneración bruta de 191 mil 843.74 pesos; el secretario general y el abogado general, 151 mil 722 pesos, mientras el coordinador de asesores y los principales secretarios de diversas áreas promedian los 135 mil pesos.

En declaraciones recientes, Rodríguez Casas señaló que el IPN apoyará al gobierno federal en sus políticas de austeridad, e incluso en el último Consejo General Consultivo de esa casa de estudios presentó un programa de ahorro integrado por 19 puntos, pero ninguno de ellos está vinculado a la reducción de salarios de altos directivos.