El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó a México de que no son bien vistos los planes de extender la prisión preventiva automática u oficiosa, por lo que instó al Congreso de la Unión, donde se discute la iniciativa, a no expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos.

En un comunicado emitido desde Ginebra, Suiza, el grupo formado por cinco destacados expertos internacionales en el tema señaló que bajo la actual normativa las personas son encarceladas sólo por ser acusadas de ciertos delitos.

Esto representa un claro desacato del derecho internacional sobre garantías fundamentales porque los acusados no gozan del derecho a la presunción de inocencia, ni de la posibilidad de cuestionar judicialmente la detención preventiva.

El grupo advirtió: La reforma propuesta amplía la lista de delitos que requieren prisión automática durante el juicio, bajo el artículo 19 de la Constitución de México, lo que expondrá a más personas a situaciones de detención arbitraria.

Hace unos días, el Senado de la República –con mayoría de Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador– aprobó la modificación al artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.

Los nuevos delitos considerados son: abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Al respecto, el grupo de expertos de la ONU agregó que para que la prisión preventiva sea una excepción no puede determinarse de forma automática: Tal excepcionalidad requiere de un análisis individual, caso por caso, para saber si es necesario y proporcional recurrir a ella.

En enero de este año, el grupo de trabajo adoptó una primera opinión en la que invitó al gobierno mexicano a derogar las normas constitucionales y legales que ordenan la prisión preventiva oficiosa, por considerar que son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los expertos se dijeron conscientes de los serios desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, criminalidad y violencia. Sin embargo, instaron al Congreso de la Unión para que no extienda la prisión preventiva automática, sino que elimine dicha figura de la Constitución y de las leyes.