Ernesto Zedillo es el gran culpable por omisión y comisión de la matanza de Acteal, dice de manera categórica la politóloga e investigadora de asuntos religiosos Mónica Uribe, a punto de cumplirse 21 años de este crimen de lesa humanidad que aún permanece en la impunidad.

Autora del libro El dolor de Acteal. Una revisión histórica 1997-2014, Uribe va más allá y afirma: El crimen de Acteal no fue un pleito interreligioso. Fue un pleito con muchas variables, pero la religión no entra.

En entrevista, recuerda que la fecha del 22 de diciembre de 1997 quedó grabada en su vida por la crueldad y el horror de haber visto a las víctimas: siete varones, 21 mujeres y 15 niños. Y la saña con la que los perpetradores actuaron: a las embarazadas les abrieron el vientre a machetazos.

Uribe desarrolla su investigación en tres vertientes. La primera: los documentos de Santa Fe 1 y 2 de la década de los 80, sobre la influencia de Estados Unidos en América Latina y las estrategias de contención del avance de la izquierda y el socialismo. La segunda: terror a la teología de la liberación, uno de los temas centrales, en su versión mexicana, exactamente en San Cristóbal de las Casas, con la llamada teología indígena. Y la tercera: centrada en la posición de la jerarquía católica mexicana.

La forma en la que se comportó el Episcopado es verdaderamente escalofriante. Hay una variable religiosa poco explorada que tiene que ver con los pleitos internos del clero, después de los cambios constitucionales en materia eclesiástica de 1991-1992. Hay una reformulación. Pero la constante es la presencia del nuncio Girolamo Prigione y todo el Club de Roma en el pontificado de Juan Pablo II y su odio al obispo Samuel Ruiz y a todo lo que le sonaba a progresismo y teología de la liberación, explica.

El mayor responsable

Uribe indaga en la vida y trayectoria política del que considera el mayor responsable de la matanza: el ex presidente Zedillo, de quien, dice, se tiene una idea equivocada al considerarlo el constructor de la democracia moderna de México.

“Zedillo no se ha ido, aquí sigue por interpósita persona. Su corte en términos de élite política sigue vigente hasta la fecha, como Liébano Sáenz, quien era no sólo espejo del príncipe, sino el consejero áureo, que siempre estuvo detrás de las decisiones políticas de Zedillo, porque éste no es un genio político”.

Explica que una de las cosas que demuestra que el crimen de lesa humanidad de Acteal no fue un conflicto interreligioso es la política zedillista: “Fue un conflicto muy provocado desde las esferas gubernamentales para tener el pretexto de entrar militarmente a Chiapas y acabar con la insurgencia. Los grandes bancos e instituciones internacionales estaban pidiendo resolver el problema de Chiapas, y Zedillo lo ‘resolvió’ a cualquier precio”.

Resalta que una de sus fuentes documentales, como los papeles de Santa Fe, nadie los había tocado, a pesar de que son muy importantes: Son cuatro documentos, uno de 1980, 1988, 1996 y 2003. Son generados por la Fundación Heritage, la Grand Corporation y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Se juntaron todas las fuerzas de la ultraderecha estadunidense en 1980 para decirle a Ronald Reagan por dónde tenía que ir la política internacional con un capítulo sobre el continente y cómo mantener la hegemonía en toda América Latina.

Añade: Las Abejas son un grupo que surge del progresismo católico y para la lógica de Zedillo tenían que ser eliminados, porque el ex presidente hizo una alianza con la teología de la prosperidad, con el Club de Roma y los grupos neoevangélicos de Liébano Sáenz y tienen una agenda.

–¿Cuál es la agenda de Sáenz?

–De ser neoevangelizadores y acabar con el catolicismo como ideolatría. Como ellos ya son católicos renacidos tienen que expandir su fe. Fue parte de la agenda personal de Liébano Sáenz, sobre todo por su alianza con Hugo Eric Flores, dirigente de Encuentro Social. Samuel Ruiz encarnaba todo lo que detestaban Liébano y Zedillo.

–¿Quién es el responsable del crimen de lesa humanidad de Acteal?

–Ernesto Zedillo por comisión y por omisión.

Impunidad endémica

En su libro El dolor de Acteal, Uribe investiga las razones de la impunidad sobre este crimen de Estado, a pesar de la denuncia civil contra Zedillo en Estados Unidos, interpuesta por el clon de la organización civil de Las Abejas.

“Las Abejas se dividen. La organización de las Abejas de Acteal no el clon, se quedan horrorizados y dijeron ‘no vamos a cambiar nuestros muertos por dinero’, con toda la dignidad del mundo, pero no entran a la cuestión judicial. Hay un grupo de deudos que no son Las Abejas originales, son la organización clon y demandan a Zedillo en EU. Pero cometen dos errores: haberlo hecho de tipo civil y, dos, haber pedido reparación del daño en metálico”.

De acuerdo con su investigación, Zedillo recibió el apoyo del ex presidente Felipe Calderón: Nadie ha reparado en esto. Ambos son amigos.

Otro de los temas fundamentales, dice, es la tenencia de la tierra en Los Altos de Chiapas porque ahí la reforma agraria no llegó: No todos los indígenas son pobres, son muy ricos en tierras, tanto así que uno de los puntos centrales de la emergencia es una herencia.

–¿Quiénes más son los responsables de la matanza?

–Está el famoso documento de Plan Chiapas 1994 que sucede que es de 1995. Mis conclusiones surgen a partir de la segunda investigación. La primera que se hace a finales de 1997 con el libro blanco, con Jorge Madrazo, está mal hecha, porque pone el acento en el pleito interreligioso, cuando el crimen de Acteal no es un pleito interreligioso.

–¿Qué es?

–Es un pleito con muchas variables, pero la religión en sí misma no entra, lo único que pude registrar como un conflicto religioso fue la amenaza que hace el alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, que era profesor y presbiteriano, al padre Miguel Soto o al sacerdote francés a quien le dice: lo voy a matar y vamos a quemar su cuerpo para que ni los gusanos sean contaminados por usted. El conflicto es de los priístas contra el EZLN y contra los demás.

Uribe dice que hay dos niveles en su investigación: el documento contrainsurgente y el balance de la situación, resultado de la investigación que hace el gobierno de Juan Sabines después de 2009 y que proporciona unas pistas acerca de quién, cómo, por qué y para qué.

Lo que trata de hacer Jorge Madrazo en 1998 es decir que es un pleito intercomunitario por cuestiones religiosas, pero no habla de la militarización ni de la paramilitarización, ni de los conflictos entre partidos políticos, ni de los conflictos de estamentos de Chenalhó. Eso no lo toca. En cambio, encarcelan a una serie de personas con un juicio mal hecho sin el debido proceso. Esa es otra problemática.

Afirma que luego, para reivindicarse, Juan Sabines, casi 10 años después, abre el expediente de manera interna: Hay que recordar que en 1998 el tema se atrae a la esfera federal, pero Sabines lo deja en el Ministerio Público local, donde hay ciertas declaraciones que no se toman en cuenta, la más importante de Emilio Chuayffet que dice que él sabía y también Liébano, quien era quien tomaba las decisiones. Todos sabían que estaba pasando, porque tenían inteligencia militar y civil.

–¿Desde cuándo sabían lo que iba a pasar en Acteal?

–Lo sabían desde los primeros pleitos fuertes a principios de 1997 por la cantera que era comunitaria y los pleitos de la tenencia de la tierra. Luego hubo varios asesinatos, uno muy cerquita de la matanza de Acteal que asesinaron a un joven, hubo venganza y se hizo pasar el asunto como parte de los hechos, como si el crimen de Acteal hubiera sido una respuesta a este asesinato y no es así.

Finalmente, afirma que para afianzar la versión del Estado del supuesto pleito interreligioso se utilizó a intelectuales orgánicos, como Héctor Aguilar Camín, quien publicó en su revista tres grandes reportajes para defender la posición oficial: Desde el punto de vista académico intelectual se tomaron tres posiciones claras. Una, la de Aguilar Camín, que es completamente de lavarle la cara al gobierno de Zedillo, cuando el ex presidente estuvo por la zona de Acteal en octubre y el presidente municipal Jacinto Arias le dio una carta que permitiera hacer una excepción a la Constitución porque tenía que hacer acopio de armas ya que estaba el municipio de Polhó y había conflictos entre los partidos políticos. Aguilar Camín apuntala la hipótesis de conflicto interreligioso.