El mayor riesgo de la zona franca propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la frontera norte es que se vuelva terreno de empresas simuladoras, que sólo cambien su domicilio fiscal para recibir beneficios pero no asienten sus operaciones allí, coincidieron especialistas.

El incentivo fiscal que se prevé implantar con un decreto implicaría crear un boquete fiscal de 40 mil millones de pesos, manifestó el totular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.

No obstante, expertos estiman que sería de más del doble de dicha cantidad y que puede llegar a 104 mil 411 millones de pesos.

Mantienen dicho monto hasta que se conozca el documento y cómo blindarse ante la posible simulación de las empresas.

La propuesta del jefe del Ejecutivo es que a partir del primero de enero se reduzcan las tasas de los impuestos al valor agregado (IVA) de 16 a 8 por ciento y sobre la renta (ISR) de 38 a 20 por ciento, en este caso aplicable a las compañías y personas físicas con actividad empresarial. El costo para al fisco de dicho incentivo no está contemplado en los cálculos del Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, pero se promoverá mediante un decreto presidencial antes de que termine el año.

Adrián García, investigador de ingresos tributarios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), manifestó que hasta que no se conozca el decreto, no se pueden hacer nuevas estimaciones sobre las pérdidas en recaudación; sin embargo, subrayó, un riesgo es que las empresas lleguen a abrir un domicilio fiscal en los estados donde cuenten con un colchón fiscal, lo cual impactaría en la proyección general de ingresos previstos por el gobierno.

Manuel Toledo, de la firma Proactive Tax and Legal, dijo que el riesgo no solamente es que algunos empresarios busquen moverse, sino los que vendan y compren residan allá y se pueda demostrar, porque si simplemente se cambian de residencia y de ahí envían al resto del país, fuera de la zona, ya se estaría aplicando el incentivo indebidamente.

Herbert Bettinger, especialista fiscal, coincidió con el estimado de la SHCP de que la pérdida alcanzaría 40 mil millones de pesos, pero expresó que el riesgo está en que las empresas comiencen a simular, sino en que empiecen a comprar materia prima para producir sin los efectos de los subsidios y vendiendo en la zona a precios que puedan ser espejo de las medidas de Estados Unidos.

El peligro que existiría en la zona también está en que compren a tasas de 16 para vender en ocho. Van a tener altas devoluciones de IVA e ISR, enfatizó.