Xalapa, Ver., El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) auditará los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia, puesto en marcha en la administración estatal encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018).

El proyecto, con una inversión de mil millones de pesos, ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales, empresarios y el nuevo gobierno, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, quienes aseguran que no ha dado resultados, pues los robos, principalmente a comercios, se han incrementado, además de que sólo funcionan 40 por ciento de las cámaras.

En octubre de 2017, Yunes Linares anunció el Sistema Estatal de Videovigilancia como una de las decisiones más importantes de su gestión en materia de seguridad.

En ese entonces detalló que se instalarían 6 mil 476 cámaras en sitios estratégicos de seis regiones del estado: Pánuco, con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, 2 mil 52; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 84, que darían cobertura a 21 mil 594 kilómetros cuadrados del territorio veracruzano.

El sistema, según detalló el entonces gobernador, contaría con estaciones de vigilancia para el seguimiento de la persecución de los delitos, centro de datos para el almacenamiento y análisis de video, y sería administrado y operado por personal certificado.

Subrayó que el equipo tendría la capacidad de realizar reconocimiento facial, identificación de placas vehiculares, de objetos abandonados y comportamiento anormal.

Según la información reunida por el Orfis, el 6 de diciembre de 2017 la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) envió al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la secretaría el dictamen de procedencia para la adjudicación directa por excepción de ley para la contratación abierta del proyecto.

Por unanimidad, mediante el acuerdo número E-IX-135-06/12/17, el proyecto adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV, por sus siglas en inglés) en Veracruz fue autorizado.

El 7 de diciembre de ese año, la SSP y el representante legal de la empresa Comtelsat SA de CV firmaron el contrato SSP-UZ-111/17. El proyecto se realizaría en dos fases y su costo –incluido impuesto al valor agregado– sería de mil millones de pesos. La primera etapa se inició en 2017 y la segunda en 2018.

En el contrato se establecía que Comtelsat SA de CV proporcionaría el servicio de electrificación hasta por un monto de 116 millones de pesos y la vigencia del contrato era de 210 días naturales a partir de la firma, plazo que venció el 5 de julio de 2018, cuatro meses antes de que concluyera el gobierno de Yunes Linares.

El nuevo titular de la SSP, Hugo Gutiérrez, informó que se percataron de que 60 por ciento de las cámaras no funcionan. Sinceramente, fue un fraude. Son 6 mil 500 las que compraron y están funcionando alrededor de 2 mil 500. No es nada, apuntó.

El funcionario no descartó presentar denuncias penales en contra de los ex funcionarios del gobierno de Yunes Linares por fraude. Además, dijo, la empresa responsable tendrá que rendir cuentas, pues hay una fianza de por medio.

El auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, adelantó que en enero ordenará auditorías legal y financiera para que se emita un dictamen en mayo.

Portilla Vásquez refirió que cuando se anunció la adquisición de las cámaras de vigilancia Yunes dijo que costarían 700 millones de pesos, pero el contrato firmado con Comtelsat SA de CV es por más de mil millones.