ues resultó que el errorcito en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación al que hace unas semanas se refirió el ahora secretario de Hacienda y que contemplaba la reducción generalizada de los subsidios a las universidades públicas del país, no era tal, sino que más bien representa una de las acciones mal entendidas de la estrategia de austeridad republicana.

El errorcito, que el propio Urzúa dijo en su momento que ya había sido corregido, tuvo que ser enmendado por el propio Presidente de la República apenas el martes pasado, luego de que se había convertido ya en un factor de gran preocupación en algunas universidades públicas –de alarma en otras– y de desencuentro entre éstas y Hacienda.

Los dichos del secretario de Hacienda en el sentido de que las universidades gastan mal los recursos, forma parte de una retórica desgastada que algunos sectores de gobiernos anteriores han mantenido y que, en todo caso, no puede generalizarse.

Lo cierto es que los impactos económicos que las crisis provocaron en el pasado en la educación superior, y muy señaladamente en la investigación, siempre fueron negativos, afectaron el desempeño de su quehacer académico y han pospuesto irremediablemente las posibilidades reales de desarrollo de México. Y no exagero.

La idea malograda de la autoridad hacendaria de acotar recursos a las universidades pareciera en principio ser congruente con la necesidad del Presidente de la República de liberar recursos que le permitan apuntalar sus programas sociales, pero al mismo tiempo apunta en sentido opuesto a las metas y los anhelos de desarrollo y bienestar social que vende la Cuarta Transformación y de los cuales las universidades deben ser eje fundamental.

Los rectores de universidades y directores de instituciones de educación superior agrupadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) manifestaron su extrañeza con el anunciado recorte presupuestal, sobre todo luego de que en agosto pasado, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador les había asegurado que para 2019 se mantendrían los presupuestos y que incluso se ajustarían a la inflación.

Es conocida y está plenamente documentada la precaria situación financiera que ha colocado a varias universidades públicas al borde de la quiebra. Han empobrecido sus instalaciones y sus plantas docentes, de investigadores y de trabajadores administrativos. Algunas de ellas tienen severas deudas con el fisco y con proveedores.

Toda esta tendencia que, lejos de ser corregida y subsanada, se ha profundizado a lo largo de los años por presupuestos raquíticos, a todas luces insuficientes, muestra el envejecimiento de instituciones de educación superior que no cumplen los estándares mínimos de calidad en la enseñanza, en la investigación ni en la extensión del conocimiento y la cultura.

Es en este contexto que al menos una decena de universidades autónomas, así como un sinnúmero de instituciones politécnicas y tecnológicas, requieren con urgencia –en vez de recortes que pudieran resultar arbitrarios en muchos casos– de la implementación de auténticos programas de rescate que les permitan salir de la crisis financiera en la que han permanecido sumidas.

Sin duda, las universidades públicas agrupadas en la Anuies deben ser escuchadas. El riesgo de tener universidades inviables es real y no puede ni debe ser menospreciado.

Hace unas semanas escribí en este mismo espacio que expandir la instrucción superior a todos los jóvenes hasta lograr la cobertura universal era una de las principales propuestas del entonces presidente electo, pero que no bastaba con la intención de crear 100 nuevas universidades. De nada o de muy poco servirá si la educación que se imparta en las instituciones de enseñanza superior carece de niveles de calidad óptimos.

La intuición política de López Obrador –y el conocimiento profundo de alguno de sus colaboradores cercanos– lo alertaron sobre la relevancia que las instituciones de educación superior y sus comunidades estudiantiles y académicas, tienen y tendrán para el éxito de su proyecto de gobierno. La educación ha demostrado ser la palanca de desarrollo en diversas naciones y la universidad pública mexicana sigue siendo el modelo institucional mejor acabado que el país ha podido darse para provocar la movilidad y la prosperidad de la sociedad. La propuesta hacendaria –de la que difícilmente quitarán el dedo en el futuro– no era más que un contrasentido.