Durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, 184 defensores de derechos humanos fueron ejecutados extrajudicialmente según un informe del Comité Cerezo México.

En el documento se expone que estos fueron realizados por motivos políticos, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.

En 2017 ocurrió el mayor número de casos al sumar 52. De 2013 a 2015 las víctimas oscilaron entre 18 y 19. Para 2016, la cifra empezó a incrementarse, pues llegó a 37 personas.

Al 30 noviembre de 2018 se contabilizaron 40 defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente. Del total de 184 víctimas, 92 por ciento eran hombres.

El comité advierte que los últimos tres años de gestión del ex presidente Peña Nieto fueron los más mortíferos desde que han documentado esta situación, en 2008, a raíz de la declarada guerra contra la delincuencia organizada.

Los estados que concentran la mitad de todas las ejecuciones extrajudiciales son Oaxaca y Guerrero, con 49 y 41 casos respectivamente; le siguen Chiapas y Veracruz, con 16 cada entidad; Chihuahua, 12; Puebla y Michoacán con siete cada uno; Jalisco seis e igual número para Ciudad de México, las otras 14 entidades reportaron entre uno y cuatro casos.

El análisis advierte que los activistas ejecutados trabajaban principalmente en proteger garantías relacionadas con vida digna, laboral, la autodeterminación de los pueblos indígenas, territorio y libertad de expresión.