La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió ayer a partidos de oposición en la Cámara de Diputados su voto en favor de la Guardia Nacional, al recordarles la grave situación de inseguridad y violencia que priva en el país.

El llamado de la ex ministra tuvo lugar en una reunión que se realizó en el antiguo Palacio de Cobián, donde estuvieron los coordinadores parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks; de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo, y Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo. El priísta René Juárez no llegó al encuentro con el argumento de que estaba en carretera.

Romero Hicks respondió que tal como está planteada, la Guardia Nacional es intransitable, y estimó que lo mejor sería dejar su aprobación para un próximo periodo de sesiones.

Horas después, en el palacio legislativo se aprobó convocar a un periodo extraordinario con el fin de abordar el tema en enero.

Para sancionar una reforma constitucional, como es el caso, se requieren dos terceras partes de los 500 diputados, es decir, 333.

Los partidos que han dicho que votarán en favor –Morena, del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México– tienen 325 y la oposición, conformada por PAN, PRI, PRD y MC, 173.

Debido a que a Morena le faltan ocho votos para tener la mayoría calificada, inició acercamientos con priístas y perredistas en busca de convencerlos de sufragar a favor.

En este contexto, la Comisión de Puntos Constitucionales emitió su dictamen sobre el proyecto, al cual se le dio ayer declaratoria de primera lectura en el pleno, mientras las comisiones de Seguridad Pública y Gobernación y Población emitieron sendas opiniones sobre la propuesta.

Diagnóstico a los dos años

En el artículo 7 transitorio del dictamen se establece que a los dos años de que la guardia entre en acción, el Consejo de Seguridad Interior, previsto en la reforma de la Administración Pública, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizarán un diagnóstico para determinar el estado de fuerza y las capacidades institucionales de las corporaciones policiacas de los estados y municipios donde alguna institución federal se encuentre efectuando labores de seguridad pública.

Si se determina que ya cuentan con la fortaleza institucional para encargarse del tema, lo harán, pero si no es así, el secretariado ejecutivo gestionará la aplicación del mecanismo de intervención de la policía municipal o estatal con el propósito de que se generen las capacidades institucionales en dichas corporaciones que les permitan cumplir con su función.

También se establece que se hará un segundo diagnóstico y si persiste la falta de fortaleza institucional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público descontará el monto que corresponda por la prestación del servicio de seguridad pública que realiza la Federación.

La Comisión de Gobernación recomendó, por su lado, introducir de manera expresa en la reforma que se evaluará la necesidad de transformar la naturaleza de la Guardia Nacional en un cuerpo civil.

No es cheque en blanco

A su vez, la Comisión de Seguridad Pública consideró factible que la guardia realice labores de prevención, control, detención y auxilio al Ministerio Público en lo que hace a los delitos del orden federal. No se trata de una suerte de cheque en blanco para que actúe de manera indiscriminada. Por el contrario, el texto constitucional indica la causal bajo la que podrá actuar auxiliando a la autoridad.

También resaltó el hecho de que por primera vez el gobierno de México reconoce de manera expresa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en las labores de vigilancia de las operaciones del nuevo organismo para el esclarecimiento de crímenes y abusos de autoridad en contra de los derechos humanos.