De concretarse la Guardia Nacional se estaría persistiendo en una tendencia de violaciones graves a las garantías, considera la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT).

En entrevista, el coordinador de comunicación de esta Red, Quetzalcóatl Fontanot, expuso que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son muestra del impacto en contra de los derechos a causa de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

En particular, Fontanot se refirió a la sentencia en la que se encontró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes que se produjeron en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua.

En la resolución se aprecia que la intervención de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales, dado que el régimen propio de las fuerzas militares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles, señaló.

Los elementos que forman parte de estas sentencias son incumplidas en la legislación que dará forma a la Guardia Nacional, consideró Fontanot. Agregó que nos pone otra vez en confrontación con organismos internacionales de derechos humanos y contiene elementos más graves que la invalidada Ley de Seguridad Interior.

El integrante de la Red TDT advirtió que aún con la adición de un régimen transitorio en el que se establezca que en los primeros cinco años de su operación la guardia quedaría adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y posteriormente pasaría a la Secretaría de Seguridad Pública, “lo cierto es que la lógica que permea (…) es una lógica militar”. Agregó que es muy grave que todos los cambios se quieran introducir directamente a la Constitución.