El bloque opositor en el Senado presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)dos acciones de inconstitucionalidad contra las disposiciones legales que permitieron la figura de delegados estatales, mejor conocida como superdelegados y facultaron al Presidente de la República para crear comisiones de investigación, como la recién instalada para el Caso Ayotzinapa.

Ambos recursos llevan el aval de los senadores del PAN, PRI, PRD y MC y demandan al Poder Judicial que se nulifiquen las reformas al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobados en el Congreso por Morena y sus aliados y publicadas el 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

Con esos recursos, suman ya tres las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte por el bloque opositor.

La primera fue en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Los dos últimos recursos se depositaron en la Corte el jueves por la noche. Los coordinadores del PRI y el PAN, Miguel Ángel Osorio Chong y Rafael Moreno Valle, coincidieron, en que tanto los superdelegados como las comisiones presidenciales violan la Carta Magna y van en contra del Pacto Federal y la división de poderes.

La primera controversia fue signada por 45 senadores para evitar que se transgredan los principios constitucionales de la administración pública centralizada, al otorgarle a los superdelegados funciones para la coordinación de las oficinas de representación en los estados y facultades de supervisión sobre todos los servicios y programas a cargo de las dependencias y entidades locales, recalcó Osorio Chong.

Al respecto, Moreno Valle, resaltó que la figura de los superdelegados crea un estado generalizado de incertidumbre en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que contraviene la prohibición constitucional de crear órganos intermedios entre los niveles de gobierno.

Comisiones sin regulación

La otra acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo firman 52 senadores y busca impedir que el Ejecutivo Federal establezca comisiones de investigación, como la Comisión de la Verdad para el caso Iguala de los normalistas desaparecidos.

El argumento que esgrimen los legisladores es que esas comisiones no están reguladas en la Constitución, además de que en esta figura no existe certeza de la naturaleza y alcance de la propuesta, no hay un control parlamentario ni existe límite de las facultades de investigación, seguimiento y fiscalización.

Su objeto puede ser cualquiera que determine el Presidente de la República. No hay requisitos específicos para los que integren estas comisiones.