as próximas semanas serán cruciales para la política estadunidense. Los cargos en contra de Donald Trump y varios de sus más cercanos colaboradores por delitos cometidos durante y después de la campaña presidencial se acumulan conforme pasan los días. Robert Mueller, fiscal especial responsable de investigarlos, parece estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias sin importar quiénes los cometieron, incluyendo el propio presidente.
Por lo menos una docena de colaboradores de Trump han sido encontrados responsables y sentenciados por diversos delitos, entre ellos el de mentir al Congreso. Michael Flint, su ex asesor de seguridad; Paul Manafort, coordinador de su campaña, y Michael Cohen, su abogado personal, han involucrado directamente al presidente en la comisión de diversos delitos.
Tal vez hasta ahora la revelación más grave en contra del presidente fue la que hizo Cohen, quien declaró que por órdenes directas de Trump había pagado con fondos de la campaña presidencial para que el editor de un pasquín se abstuviera de publicar sus relaciones con una actriz de filmes pornográficos, y con una modelo de Playboy. La situación del presidente pudiera ser aún más precaria si se comprueba que conspiró con el gobierno ruso para divulgar información falsa sobre la ex candidata demócrata Hillary Clinton con el fin de socavar su campaña por la presidencia. Es evidente que el presidente y su equipo legal disponen de múltiples recursos para evitar que sea juzgado. Por ello, la única posibilidad real de juzgarlo será mediante un juicio político. El problema es que esa vía tendría que pasar por el Senado y es claro que la mayoría republicana en ese recinto se opondría.
Por lo pronto, la única posibilidad de juzgar políticamente al presidente estará a cargo de los legisladores del Partido Demócrata, que a partir de enero próximo serán mayoría en la Cámara de Representantes, pero los riesgos de ese paso son grandes. Al margen de las faltas que haya cometido, ¿cuál es la probabilidad de que la mayoría de los ciudadanos estadunidenses esté dispuesta a que su presidente sea juzgado y defenestrado. Si la mayoría de ellos desaprobara el proceso, los demócratas estarían en peligro de perder las próximas elecciones, y la presidencia quedaría en manos de Trump, o cualquier otro candidato republicano. Pero, dadas las circunstancias, tienen la obligación ética y moral de iniciar el proceso en la Cámara de Representantes, al margen de lo que los senadores decidan. De no hacerlo, se les acusará de anteponer sus intereses políticos a su obligación jurídica. Algunos legisladores demócratas consideran que la mejor vía de la que por ahora disponen es proteger a Mueller para que continúe con la investigación y se hagan públicas sus conclusiones. Si las evidencias que Mueller presente son suficientes para juzgar al presidente, tal vez los legisladores republicanos, por fin, admitan que de continuar protegiéndolo acabarán por destruir no sólo las bases ideológicas de su partido, sino incluso la propia democracia de su país. Será el tiempo de darle la espalda.
Lo que no está a discusión es que el sistema democrático estadunidense está en un dilema. Entender que hay algo más en juego que el interés por conservar el dominio político a toda costa, y cortar por lo sano dando fin a uno de los periodos más dramáticos y menos ejemplares de su historia será una decisión difícil. A la larga beneficiaría a la democracia tal como históricamente la han entendido no pocos de los gobiernos de Estados Unidos.
