El cambio de administración federal y sus instrucciones de austeridad salarial también mantienen en el sector cultural la incertidumbre entre los trabajadores que obtuvieron una plaza mediante el servicio profesional de carrera, sobre todo porque a varios se les ha pedido su renuncia cuando por ley se debe demostrar antes ‘‘que no son aptos para el puesto” o indemnizarlos conforme a la ley.

De acuerdo con la página digital del gobierno federal, el servicio profesional de carrera es un mecanismo ‘‘para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad”.

La finalidad, añade esa explicación oficial, ‘‘es elevar los niveles de eficiencia y eficacia del gobierno federal, asegurar la profesionalización y desarrollo de los servidores públicos y dar continuidad a sus programas, planes y metas en beneficio de los ciudadanos”.

En la Secretaría de Cultura federal existen diversas modalidades de contratación: están los trabajadores sindicalizados, que tienen contrato colectivo de trabajo, y el personal de confianza, mismo régimen que tienen los del servicio profesional de carrera, pero ‘‘a los que no los rige la misma ley”, explicó a La Jornada un trabajador de este último rubro, quien pidió omitir su nombre.

Filtros rigurosos

Los trabajadores de servicio profesional de carrera tienen la protección de la legislación de la Administración Pública Federal, es decir, ‘‘si a un empleado de confianza le piden la renuncia, tiene que otorgarla. Pero un servidor público de carrera se ha contratado mediante un concurso, un proceso abierto y público. Esa es la gran diferencia.

‘‘El personal de confianza es designado por un superior jerárquico, mientras el servidor de carrera pasó diversos y rigurosos filtros que hacen que sea contratado para el Estado mexicano, no para una administración en particular, por eso esa ley indica claramente que no te pueden despedir por motivos ideológicos o políticos, sino que necesitan demostrar que el trabajador no está capacitado para desempeñar el puesto que tiene”, añadió el empleado consultado por este diario.

Además de los exámenes que se aplican para concursar la plaza de un servidor de carrera, cada año debe cumplir 40 horas de actualización y capacitación. De no hacerlo se corre el riesgo que sea dado de baja. También cada cinco años se tiene que certificar en sus competencias para el puesto que desempeña.

‘‘A diferencia de los sindicalizados, a los del servicio profesional de carrera sí se les puede pedir la renuncia, pero o hay una justificación o una indemnización conforme a la ley”. Es por ello que muchos servidores públicos con un mando directivo en la Secretaría de Cultura se encuentran ‘‘en pláticas” para negociar renuncias con indemnizaciones conforme a la ley o la permanencia en sus puestos.

En el ámbito cultural se estima que ‘‘9 por ciento del personal de confianza es el que está como servidor público de carrera”.

La cuestión es que también, en medio de los ajustes presupuestales, ‘‘se está desplazando a trabajadores que tienen que demostrar permanentemente un cierto nivel de profesionalismo y eficiencia”, como son los del servicio profesional de carrera.