El sistema de movilidad de la Ciudad de México padece una profunda crisis estructural caracterizada por el abandono de la infraestructura y servicios de transporte público, desigualdad en los tiempos de traslado y condiciones de viaje, así como una fragmentación institucional de los distintos sistemas de traslado, indica un diagnóstico de la actual administración capitalina.

El documento, realizado como parte del Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, refiere que el transporte público operado por el gobierno local ofrece un servicio deficiente e insuficiente que afecta principalmente a la población con menos ingresos y que vive en las zonas periféricas.

Prueba de lo anterior, subraya, es que el Metro, el Tren Ligero, el Trolebús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operan con fallas que afectan 29 por ciento de los viajes, debido a la falta de mantenimiento e infraestructura, de tal forma que 37 por ciento de la flota de trolebuses, así como del Tren Ligero, están fuera de servicio, mientras 27 por ciento de la del Metro y RTP se encuentra en la misma situación.

En lo que respecta al transporte público concesionado, el diagnóstico señala que éste opera sin planeación formal o una flota adecuada, por lo que es un servicio inseguro, contaminante y sus unidades han superado por mucho su vida útil.

Afirma que la crisis del sistema de movilidad se refleja también en los crecientes niveles de saturación vial, mientras la velocidad de circulación se ha reducido de manera sostenida, estimada en 11 kilómetros por hora en promedio en zonas centrales de la ciudad.

Añade que tiene un componente de desigualdad, ya que los tiempos de traslado son mayores para el transporte público, en el que se realizan 50 por ciento de los viajes de la ciudad, en comparación con los vehículos particulares; de allí que, por ejemplo, un viaje en Metro implica 39 por ciento más de tiempo que en automóvil.

A escala institucional, agrega el documento, en los años recientes ha habido falta de coordinación y fragmentación que impide establecer una política de movilidad integral, aunado a la falta de transparencia en la toma de decisiones y uso de recursos públicos.