Xalapa, Ver., El Congreso local aprobó ayer la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, que promovió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del partido Morena, con la finalidad de vigilar la planeación, programación, ejecución y control del gasto.

No obstante, ningún apartado de la ley precisa cuál es la meta de ahorro general o por dependencia que deberán lograr los funcionarios de la administración estatal.

La ley fue aprobada con 47 votos a favor, de diputados de los partidos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y el independiente Juan Carlos Molina. La panista Judith Pineda se abstuvo.

La normatividad estipula que los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de esta ley serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población.

Además, la Ley de Austeridad –cuya iniciativa fue enviada al Congreso el pasado 13 de diciembre– estipula que los servidores públicos de la entidad recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente.

Prohíbe establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos locales para beneficio de cualquier servidor público.

También se prohíbe crear plazas adicionales a las autorizadas en el presupuesto de egresos del Estado, mientras la contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados.

Asimismo, se restringe el servicio de escoltas con cargo al erario para los servidores públicos de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido cualquier uso distinto de los vehículos, salvo los que tengan carácter oficial y los de escoltas, que aprueben las autoridades competentes, señala.

Sobre la publicidad oficial de los entes públicos del Estado, la ley prevé que el gasto neto total se sujetará a los montos máximos que para el efecto fije la autoridad competente en disposiciones generales, los cuales se ajustarán a lo indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión sea necesaria.

Sólo se autorizarán los viajes oficiales que resulten estrictamente indispensables en atención a las necesidades del servicio público y queda prohibida la adquisición de boletos de viajes aéreos en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte.