a llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y el triunfo de Morena como primera fuerza política en el Congreso de la Unión, las gubernaturas de cuatro estados, la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, numerosas alcaldías y gobiernos municipales, exigen reflexionar, desde el pensamiento crítico, sobre los alcances y las limitaciones de la denominada Cuarta Transformación.

Es necesario caracterizar el gobierno actual, sus proyectos económicos y sociales considerados prioritarios, así como la nueva correlación de fuerzas políticas que se está conformando, con objeto de contar con herramientas que permitan comprender y responder adecuadamente al nuevo sistema hegemónico de dominación con el que se reconfigura el capitalismo.

Se requiere analizar las bases que sustentan la Cuarta Transformación, que no deja ver con claridad su estrategia programática ni legislativa. El combate a la corrupción, sin una ruptura con el modelo desarrollista, no sienta las bases para un cambio de las dimensiones históricas de la Independencia nacional, la Reforma y la Revolución de 1910. Negar la vigencia de la lucha de clases en México, situarse como árbitro supremo de los conflictos sociales y pretender mutar el Estado en un aparato redistributivo clientelar, no significan una transición histórica de la República, ni mucho menos un cambio de época.

Asimismo, una enumeración de los proyectos económicos prioritarios: Zonas Económicas Especiales, Tren Maya, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, siembra de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, construcción de 300 caminos en territorios rurales, refinerías, sistema de aeropuertos en el área metropolitana de Ciudad de México; zonas francas en la frontera norte y región istmeña, continuidad de los proyectos mineros, la reiterada afirmación de respetar los contratos, la independencia del Banco de México, la perspectiva del jefe de gabinete, de hacer de México un paraíso de las inversiones, y la iniciativa de Morena en el Congreso para abrogar la actual Ley Agraria, y expedir otra que refuerza los mecanismos de privatización de las tierras ejidales y comunales, y, sobre todo, la aceptación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, confirman la continuidad de políticas económicas dentro de la lógica del sistema capitalista, del neoliberalismo que se afirma superar.

En lo político, la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es un retorno al viejo indigenismo establecido por el régimen priísta, clientelar y corporativo, que fue caracterizado como una política de Estado para los pueblos indígenas autoritaria y manipuladora, y cuyos funerales fueron celebrados en los diálogos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. El hecho de establecer 130 oficinas del nuevo INPI en territorios de los pueblos originarios, con funcionarios hablantes de la lengua respectiva, con recursos y proyectos gubernamentales, es una agresión directa a los procesos autonómicos y a los movimientos en defensa de los territorios y contra la invasión corporativa. Particularmente en los territorios donde se desarrollan procesos autonómicos más profundos, relacionados con conflictos armados, como la región maya zapatista, o que defienden la territorialidad indígena campesina, el INPI corre el riesgo de desempeñar labores contrainsurgentes y de ingeniería de conflictos que las empresas mineras ponen en práctica para vencer las resistencias.

Se constata la metáfora del subcomandante Moisés de que cambian los mayordomos y capataces, pero el dueño de la finca continúa siendo el mismo. El rechazo a estos proyectos por parte del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, de numerosas organizaciones independientes indígenas y campesinas, de especialistas en diversas disciplinas científicas, así como la crítica a las consultas gubernamentales por no cumplir con las condiciones establecidas en la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, que mandatan que éstas sean previas, libres, informadas y vinculantes, no ha recibido la atención que merecen y, por el contrario, fueron objeto de un trato despreciativo por parte del Presidente.

En este sentido, destaca el clima de intolerancia a la crítica al nuevo gobierno desde la izquierda anticapitalista, aduciendo que hace el juego a la derecha, es un regreso al comunismo primitivo, o un menosprecio a los 30 millones de votantes que eligieron a Andrés Manuel López Obrador.

Precisamente por el respeto que se merecen todos y todas los mexicanos (as) que votaron por un cambio profundo, se reivindica la necesidad de un análisis riguroso de la naturaleza y los impactos de los proyectos en ciernes, de la direccionalidad de los mismos, a partir de las resistencias de abajo y a la izquierda, y de una intelectualidad comprometida con estas luchas. La disyuntiva continúa siendo: con el príncipe o con el pueblo.