El 21 de abril de 2013, tres policías de Tlahualilo, Durango, estaban en servicio cuando fueron alcanzados por elementos de la Marina y de la Fiscalía General del estado, quienes los detuvieron sin informar los motivos. Golpearon a los detenidos y, aun sin tener calidad de presuntos responsables, los interrogaron sobre un secuestro y la muerte de dos personas. Después los entregaron a la autoridad ministerial de la entidad donde se permitieron actos de tortura en su contra.

Se trata de otro de los casos de abusos y violaciones a las garantías fundamentales cometidos por agentes del Estado en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la Recomendación 74/2018 dirigida al titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres.

Detención arbitraria

Tras sus investigaciones, el organismo acreditó que los elementos navales y los agentes de la fiscalía violentaron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal, debido a que los tres policías fueron detenidos de manera arbitraria y retenidos ilegalmente.

Además, personal de la fiscalía violó el derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia al entorpecer la investigación relativa a las lesiones que presentaban las víctimas y por actos de tortura, imputados a personal de esa dependencia.

La CNDH no se pronuncia sobre la situación legal de los tres uniformados de Tlahualilo, pues señaló que carece de competencia para conocer de los asuntos jurisdiccionales promovidos por las víctimas y por los probables responsables.

Se comprobó que participaron cuatro marinos, que no actuaron bajo los principios de legalidad al omitir poner a los agraviados de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial, además de dos médicos forenses, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, tres servidores públicos de la Dirección Estatal de Investigación y un oficial del que se deberá indagar su identidad para deslindar responsabilidad.