En materia de seguridad y justicia el año que termina estuvo marcado por fallas jurídicas de la Procuraduría General de la República (PGR) en casos considerados importantes de combate a la corrupción; los homicidios dolosos alcanzaron grados históricos y superaron los registros de la administración de Felipe Calderón. También, el robo de combustible en ductos de Pemex se convirtió en uno de los principales delitos, ya que en él participan trabajadores y se involucraron grupos que antes sólo se dedicaban al tráfico de drogas, como el cártel Jalisco Nueva Generación.

En julio de este año fue extraditado a Estados Unidos Dámaso López Núñez, El Licenciado, uno de los principales operadores de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, para enfrentar procesos penales por narcotráfico en ese país.

López Núñez ha sido señalado como uno de los testigos de cargo que participarán en el juicio iniciado en noviembre contra Guzmán Loera, en el que ya han participado como testigos de cargo narcotraficantes mexicanos y colombianos que han hablado de sus mecanismos de operación y relatado casos de corrupción que les permitían transportar droga desde México hasta territorio estadunidense.

Caso Gordillo Morales

Entre los procesos en que la PGR no pudo demostrar la culpabilidad de imputados se encuentra el de Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien en agosto obtuvo libertad absoluta luego de estar encarcelada más de cinco años. Fue absuelta de los cargos de operaciones con recursos de operaciones de procedencia ilícita por casi 2 mil millones de pesos, así como de dos asuntos de defraudación fiscal equiparada. También se le acusó de haber desviado recursos del SNTE.

De igual manera, en septiembre, la PGR tuvo que modificar las acusaciones iniciales en contra del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, a quien se le imputó haber desviado recursos públicos y estar involucrado en delincuencia organizada. No obstante, fue sentenciado por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita –lo que ya no es considerado delito grave en el nuevo sistema de justicia penal– y solamente se le impusieron nueve años de prisión, de los cuales únicamente pagará tres y luego podrá solicitar su libertad condicional.

Este mes, el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien en 2016 fue acusado inicialmente de desviar recursos públicos e incurrir en delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, solicitó su libertad. Podría conseguirla en las siguientes semanas, ya que fue exonerado de dos cargos; sólo está pendiente el pago de una fianza de 10 millones de pesos y garantizar que cuenta con los recursos para la reparación del daño que le sea impuesta.