i, en el acuerdo entre el Gobierno federal y gobernadores de ocho estados para hacer efectivo el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social (14/12/18), la corrupción heredada justifica la recentralización de servicios y sus patentes riesgos en el Plan IMSS: Bienestar para toda la vida (03/01/19), también la corrupción justifica la ausencia de innovación programática, así como los patentes riesgos de una desnaturalización institucional. Dada la relevancia del instituto, el plan queda muy lejos de las expectativas de real alternancia para estructurar otra política de salud y seguridad social en consonancia con su derechohabiencia, así como de la “prioridad” de apoyar a los más desfavorecidos, aunque ofrezca “caminar” hacia un sistema “único”.
Las “tareas concretas” del plan apenas muerden tres cuerpos de política del acuerdo: fortalecer y ampliar la cobertura del programa IMSS-Bienestar atender urgencias médicas a cualquier persona sin importar su afiliación o derechohabiencia y vincular trabajadores que pierden sus derechos con el proyecto de atención y medicamentos gratuitos bbjetivos 1 y 3 (O1,3). Mientras que las “acciones” de realización inmediata sólo repiten “atender” urgencias.
Además, el plan hace pasar como “nuevas” actividades rutinarias y de estricto apego normativo: “digitalizar” trámites, “atender” quejas, “fomentar” comunicación con trabajadores-patrones, “optimizar” fiscalización-cobranza, “incorporar” medidas de austeridad, “profesionalizar” personal administrativo y gerencial, “monitorear” estándares y guías para la calidad médica, “mejorar” el gasto con indicadores de productividad y satisfacción de los derechohabientes, así como “continuar” con el Seguro Facultativo de escuelas y universidades (O,3,4,5,6). Mientras que las “acciones a 100 días” ofrecen “siete” Jornadas Médicas IMSS-Bienestar, atención a trabajadores eventuales-campo. Y, como “acciones” del primer semestre 2019: “atención” continua a pueblos originarios, “actualización” de cuotas para incorporación voluntaria, “publicar” tablas de factores mano de obra construcción. Ello confirma que el director Germán Martínez no ha sido cabalmente informado por sus subalternos.
Pero el plan también recarga y exalta tareas-acciones, al primer semestre 2019, de una sola dirección institucional: “orientación” sobre el Seguro-Salud (Estados Unidos), guarderías “seguras” (O1,2), plan de estudios del programa “internacional” (maestría) en discapacidad-derechos humanos, “estrategia” de desarrollo guarderías-Unicef, “constitución” de Odimss con Conade, “segunda” fase de Mi pensión digital, “fortalecer” vinculación internacional con CISS, OCDE, OMS; “desarrollar” líneas de trabajo con sector privado y organizaciones de la sociedad civil para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en materia de salud y seguridad social previstos en Agenda 2030. Muchas de éstas acciones corresponden, además, a encuadres políticos del periodo neoliberal. Lo cual reconfirma que el director Martínez no acaba de dominar la complejidad técnica del instituto a su cargo.
Mucho más grave es todo aquello que ignora el plan: ¿cómo “fortalecer” mecanismos para la atención de personas LGBTTTI, discapacitados y movilidad reducida? ¿Cómo “el” primer y segundo nivel? ¿Cómo “ampliar” y rehabilitar infraestructura? ¿Cómo implementar cuidados “paliativos”? ¿Cómo “establecer” mecanismos de atención médica telefónica- telemedicina y domiciliaria? ¿Cómo evaluar “permanentemente” riesgos de corrupción? ¿Cómo “superar” el déficit de personal? ¿Cómo “establecer” con SAT-Infonavit mecanismos de recaudación (O1,2,3,4,6). ¿Cómo operará el programa piloto para trabajadoras domésticas (obligatoriedad, financiamiento, beneficios) ofrecido como “acción” de realización inmediata y el Plan de Inclusión e Igualdad?
Y sobre todo, invocando “universalidad”, el plan no dice palabra sobre la recarga laboral que recaerá sobre el frente de operación y sus equipos de salud en el contexto de la descapitalización estructural en que se encuentra y sin los mínimos de suficiencia para brindar servicios oportunos. Tampoco alude a los indispensables resultados de la anunciada “gran auditoría, rápida y oportuna”, ofrecida por Martínez ( La Jornada,07/12/18). Ella “deberá estar lista en enero 2019” con el fin de “evitar simulación sindical, vía contratos de protección, o en la entrega de las cuotas obrero-patronales. Esa auditoría aclararía los fantásticos números cosméticos del peñismo (“superávits” y reservas) para, finalmente, disponer de un cuadro real de las finanzas institucionales, ausente desde principios de la administración foxista de Santiago Levy (2001-05) y perpetuado –por Calderón y Peña– hasta diciembre 2018.
El primer Plan-Martínez no asemeja Bienestar para “toda” la vida ni el “acceso” a la salud para los más desfavorecidos, aún.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
