A pesar de que continúan las protestas en contra del recorte presupuestal a las estancias infantiles, se mantendrá la nueva política de canalizar los apoyos directamente a los padres de familia y no a los administradores, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al igual que ocurrió en otros programas, dijo, “tenemos pruebas de que se daba ayuda y el dinero o no llegaba o llegaba con moche, y vamos a presentarlas”.

Más tarde, el gobierno federal detalló que las adecuaciones al esquema obedecen al trato discrecional en las asignaciones, la falta de atención a sectores prioritarios de la población, cobros indebidos y diversos actos de corrupción asentados por las autoridades competentes.

Se detectó a una persona que incluso tenía redes de estancias y en otros casos se pagaba subsidios por niños fantasma.

En el diagnóstico que se tiene de las estancias infantiles destaca que no se otorgaba cobertura a usuarios de alta marginación, sector objetivo original; no se justificaba la debida admisión de 300 de esos centros, al tiempo que de 7 por ciento del total no se acreditó algún documento para recibir subsidios.

Durante su conferencia, López Obrador fue crítico con el modelo: Se crearon estas estancias infantiles, que son parte de la concepción neoliberal de privatizarlo todo, de subrogar servicios, como lo hicieron con las guarderías del Seguro Social. Y ya sabemos lo que desgraciadamente sucedió en la guardería ABC, y no queremos eso.

Destacó que existen reportes de autoridades responsables de la fiscalización de que no había legalidad, no había normatividad, seguridad. Se trata de niños, y era un riesgo. Bajo el nuevo esquema de apoyos directos, lo que se pretende es que sean los padres los que asuman su responsabilidad, tengan el apoyo y ellos decidan libremente si les entregan esos recursos a quienes los recibían anteriormente.

El gobierno federal informó que se trabaja en la integración de un esquema de coordinación entre la Secretaría de Salud, el Sistema DIF y gobiernos locales para dejar atrás un modelo paternalista, con el fin de definir nuevos lineamientos que normarán su funcionamiento para operar bajo estándares de máximo cuidado y bienestar para las niñas y los niños beneficiarios.

Justificó el viraje en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que al revisar la operación de la Secretaría de Desarrollo Social detectó que más de 300 de esos centros no atendían a la población objetivo. Asimismo, la dependencia no acreditó la capacitación a más de 20 mil responsables de operarlas y en 659 casos (7 por ciento) carecían de un documento que formalizara la entrega del subsidio.

La nueva estrategia contempla que las estancias infantiles que actualmente siguen operando mantengan sus estándares de seguridad, la simplificación de trámites y la creación de un nuevo sistema administrativo acorde con la política de austeridad, de tal manera que serán reducidos los gastos excesivos de funcionamiento.